Paul Singer, la cara visible de los Fondos Buitre, es un señor de casi 70 años que fundó Elliot Management Corporation con 1 millón de dólares y hoy administra 23 mil millones.
Con la sentencia de la Corte de EEUU hizo el negocio del siglo: compró bonos por 40 millones y cobrará 1300 y de contado, como lo exige en el fallo.
Singer, republicano acérrimo y conectado con lo más rancio del conservador “Tea Party”, representa a un escaso porcentaje de los tenedores de bonos que no entraron a los tres canjes de deuda que ofreció la Argentina en 2005, 2010 y 2013.
Entre sus socios en el Fondo Buitre, que pretende cobrar intereses nunca vistos, está la esposa de Mitt Romney, candidato republicano a presidente que perdió las elecciones contra Barack Obama.
Elliot Management es, a su vez, propietario de NML Capital, el fondo buitre que consiguió que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no aceptara la apelación argentina contra de los bonistas que no aceptaron los canje de deuda en default.
NML fue el que en 2012 mantuvo retenida a la fragata Libertad en un puerto del país africano Ghana.
Para pasar de tener 1 millón a administrar 23 millones de dólares, Singer sabe cómo especular y a dónde apuntar. Lleva décadas comprando deuda a precios baratos de países ahogados financieramente como Perú o Congo, para luego cobrarla con intereses milenarios.
Singer nació en Nueva York y proviene de una familia judía y financió las aspiraciones presidenciales del ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
El pedido argentino
Argentina le había pedido a la Corte Suprema que interviniese alegando que obligar al país a pagar todo lo adeudado en efectivo podría desestabilizar la economía global, al hacer otras reestructuraciones voluntarias de deuda más difíciles. Pero el máximo tribunal se negó el lunes a involucrarse en el caso.
El fondo NML indicó en un comunicado que ``la Corte Suprema ha hablado. Ahora es momento de que Argentina honre sus compromisos con sus acreedores, lo que va a beneficiar tanto la economía argentina como su posición internacional''.
La decisión de la Corte abre la posibilidad a que otros grupos de acreedores que no entraron en las dos reestructuraciones pero tampoco litigaron y que representan entre 7.000 y 9.000 millones de dólares acudan a los tribunales en contra de Argentina.
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