EL ULTIMÁTUM DE FRANKFURT
Por JACQUES SAPIR
6 de febrero de 2006
Traducción de Antonio Gotera Violín
El Banco Central Europeo ha elegido su bando: ¿puede sorprender a alguien? Es el bando de Alemania. A través de la medida que acaba de tomar contra Grecia, está enviando una señal muy clara al nuevo gobierno: Grecia debe permanecer dentro del memorándum decidido por la "Troika". Sin embargo, ha desencadenado un proceso que podría terminar justo en lo contrario de lo que se busca. Lejos de llevar al gobierno griego a ceder, esta medida podría obligarlo a tomar medidas radicales que, a su vez, podrían provocar una ruptura definitiva entre Grecia y sus acreedores y llevar al país a salir del Euro. Tal es la lógica del juego que se libra en la Unión Europea.
LAS MEDIDAS DEL BCE
El BCE ha decidido en la noche del miércoles 4 de febrero suspender la excepción que había concedido Grecia, consistente en aceptar de manera temporal bonos estatales griegos como garantía para los préstamos a los bancos del país heleno. Esta excepción se introdujo a cambio del cumplimiento del memorándum elaborado por la Troika, cuyas consecuencias han sido completamente desastrosas, tanto para el pueblo griego como para las finanzas del Estado. En sí misma, esta medida no parece decisiva. Pero hay pocas dudas de que en los próximos días se producirá un pánico bancario, lo que los economistas llaman un "corralito". Los bancos griegos se desesperarán en busca de liquidez. Podrán solicitarla al BCE en el marco de un programa de asistencia urgente a la liquidez bancaria llamado ELA. Pero este programa está sometido a las directrices de la Troika y se ha renovado sólo hasta el 28 de febrero.
Más concretamente, esto es equivalente a ponerle una pistola en la cabeza a un Gobierno recién elegido con el fin de obligarle a renunciar al programa electoral refrendado por los ciudadanos. Puede apreciarse el agudo sentido de la democracia de los gerentes del BCE y de las autoridades europeas en general.
LAS POSIBLES REACCIONES DEL GOBIERNO GRIEGO
Frente a lo que a todas luces es un ultimátum, una opción posible para el nuevo Gobierno griego es rendirse. Al hacerlo, se suicidaría políticamente. Una encuesta de opinión pública realizada el pasado domingo muestra que el 70% de los griegos, que es en realidad mucho más de los que han votado a favor de SYRIZA en las elecciones, apoyan al Gobierno y creen que es capaz de llevar a cabo una verdadera política para salvar el país.
En este contexto, el Gobierno griego podría aplicar contramedidas. Algunas de ellas son de carácter técnico (cierre momentáneo de los bancos, limitar las disposiciones de efectivo por parte de los particulares). Pero otras son medidas políticas. En realidad, cuando el BCE dice que está prestando dinero a los bancos griegos, significa que se está autorizando al Banco Central de Grecia para que lo haga. La creación del BCE no ha acabado con los distintos bancos centrales de los países miembros de la zona euro. Han sido integrados en una red bajo la autoridad del BCE, dirigida desde Frankfurt. Por consiguiente, el Gobierno griego podría decidirse a requisar el Banco Central con el fin de forzarlo a suministrar liquidez en euros a los bancos griegos. Al hacerlo, estaría violando los tratados constitutivos de la Unión Económica y Monetaria, es decir, de la zona euro. Podría hacerlo invocando la amenaza con la que el BCE está tratando de amedrentar a Grecia y convocando a la gente como testimonio del insólito hecho que supone que una instancia “técnica” interfiera en las decisiones políticas de un pueblo soberano.
LAS CONSECUENCIAS.
Tal decisión, por supuesto, estaría cargada de consecuencias. Entonces sería el BCE el que estaría con su espalda contra la pared. Si aceptase la requisa del banco central griego, estaría reconociendo su impotencia y dando alas a la independencia de los demás países. Y esto en un contexto general en el que se acaba de actuar contra las crecientes fracturas existentes en la zona euro, como lo demuestran las medidas anunciadas por Mario Draghi el 22 de enero, que, tal vez apresuradamente, han sido asimiladas a una expansión cuantitativa.
Como cuestión de fondo, la presión alemana sobre el BCE, tanto directa como indirecta (a través de los países aliados, como Finlandia y Austria), es tan fuerte que parece difícilmente imaginable que éste último acepte un posible hecho consumado por parte de Atenas. Conviene insistir en que lo que está en cuestión es la política de austeridad de Merkel y, especialmente, su imposición al conjunto de Europa, una condición necesaria para asegurarse de que no será posible aplicar la lógica de las transferencias fiscales a escala europea en perjuicio de Alemania. Alemania no puede ceder, o verá desvanecerse inmediatamente su credibilidad.
Si el Banco Central de Grecia fuera requisado, lo que podría ocurrir el 28 de febrero o el 1 de marzo, el Banco Central Europeo podría decidir no admitir la circulación de euros griegos. Esta medida ya se ha aplicado temporalmente a Chipre. Es equivalente a expulsar, o a la amenaza de expulsar, a un país de la zona euro.
¿UNA SALIDA DEL EURO?
En realidad, Grecia se encuentra hoy en mejor situación que en 2010 para contemplar una salida del euro. En ese momento, el presupuesto estaba críticamente desequilibrado. En la actualidad, el presupuesto está equilibrado a nivel del saldo primario, es decir, que si Grecia no tuviera deuda en absoluto (y por lo tanto no hubiera intereses que devolver) no tendría ninguna necesidad de pedir prestado de nuevo, e incluso podría tener un excedente como beneficio. En cuanto a la balanza comercial, es ligeramente deficitaria. Pero, teniendo en cuenta la flexibilidad de precios, si Grecia devaluase la moneda entre un 30 y un 35 por ciento, cabe concluir que aumentaría sus exportaciones de manera significativa y se encontraría con superávit. Por otra parte, señalemos que una devaluación de la moneda griega aumentaría los ingresos fiscales en moneda local proveniente de los armadores, ya que éstos funcionan en dólares. En cuanto a la inversión directa en el país, no es disparatado pensar que, con un presupuesto equilibrado, una balanza comercial positiva y una muy seria ventaja competitiva sobre sus competidores, aquélla no tardaría en llegar. Por supuesto, Grecia dejaría de pagar su deuda en el caso de una salida del euro. Pero, sin necesidad de pedir prestado durante más tiempo, no se expone a mucho riesgo desconectándose de sus acreedores. Al contrario, serán éstos últimos los que saldrían perdiendo, como lo demuestra la historia de los muchos países que han declarado un impago de su deuda.
Una devaluación del 30% al 35% no sólo devolvería a la economía su competitividad, sino que también otorgaría al Gobierno margen de maniobra en el ámbito social, al mismo tiempo que el Gobierno estaría ampliando ese margen a través del impago de la deuda.
Por lo tanto, Grecia debe contemplar resueltamente la posibilidad de abandonar la zona euro. Si una solución de este tipo llegase a ser necesaria, no es Grecia, sino la propia zona euro la que sufriría las consecuencias. Grecia debe comunicar a las autoridades del BCE y de la Unión Europea que, si es necesario, no dudará en poner en práctica una solución de este tipo.
¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?
Es necesario no dejarse impresionar por el carácter supuestamente técnico de las diferentes medidas y contramedidas que se han tomado o pueden tomarse en el futuro. Fundamentalmente, la medida adoptada por el BCE pone sobre la mesa el problema de la soberanía popular en un país miembro de la zona euro, o lo que es lo mismo, el problema de la democracia.
Nos enfrentamos a un conflicto inexorable entre legitimidad tecnocrática y la legitimidad democrática. Desde este punto de vista, lo que pase en Grecia nos concierne a todos. ¿Queremos vivir libres o estamos dispuestos a ser esclavos?
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