La adquisición de dos buques de patrulla oceánica —OPV, por su sigla en inglés— al astillero español Cardama busca responder a las necesidades de la Armada uruguaya de mejorar su capacidad de defensa, que se ve limitada por la antigüedad y el deterioro de sus buques.
La decisión del Ministerio de Defensa, anunciada el 17 de julio, fue cuestionada por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) por no contemplar a la industria y la mano de obra nacional.
El sindicato comparte la necesidad de obtener nuevas embarcaciones, pero denuncia que el ejecutivo no reconoce la experiencia en construcción naval que existe en Uruguay.
"Con la experiencia acumulada de haber fabricado desde remolcadores, barcazas, hasta una draga para la Administración Nacional de Puertos (ANP), nos parece ilógico que el Gobierno no haya visualizado darle participación no solamente a los trabajadores, sino también a las empresas nacionales", dijo Dárdano a Sputnik.
El dirigente sindical manifestó que "en Uruguay existen empresas tanto públicas como privadas y trabajadores que tienen toda la experticia necesaria para hacer una embarcación de este tipo".
"Todo lo que tiene que ver con calderería, con la parte metálica, se podría haber hecho totalmente" en el país, agregó.
El Ministerio de Defensa se inclinó por los buques españoles, que serían entregados en el correr del 2025 y le costarán al Estado alrededor de 92 millones de dólares, un monto inferior a las ofertas que se presentaron a una licitación que la cartera lanzó en diciembre de 2021.
La subasta pública fue declarada desierta en enero de 2023, luego de que las ofertas de los interesados superaran el presupuesto de 100 millones de dólares dispuesto por el Estado uruguayo.
La decisión de adquirir los OPV de Cardama fue tomada en un contexto en el que 300 trabajadores con experiencia naval están en el seguro de desempleo o no perciben ningún ingreso, advirtió el representante de UNTMRA. "Esta licitación no miró siquiera eso", apuntó Dárdano.
El sindicato estima que la construcción de los buques en territorio uruguayo podría haber generado unos 1.000 puestos de trabajo a soldadores, caldereros, pintores, montadores, dibujantes e ingenieros, tanto de forma directa como indirecta.
En tal caso, el líder gremial consideró que las tareas de construcción podrían haber requerido dos años de trabajo, aunque sus cálculos pueden variar en función de la cantidad de trabajadores en ejercicio, la organización, la cantidad de turnos que se realicen, entre otros factores.
El peso (desplazamiento) de cada OPV que construirá Cardama será de 1.700 toneladas. Medirá 86,75 metros de eslora; 12,2 de manga y 3,6 de calado. Contará con sistema de gestión de combate; una plataforma de helicóptero; un cañón principal de 30 milímetros y armamento secundario de 12,7.
Las embarcaciones que el Estado uruguayo decidió comprar a España se sumarán a las tareas de custodia marítima de aguas territoriales, junto con otras tres buques de la clase Protector, que fueron donados por EEUU a la Armada uruguaya en noviembre de 2022.
La donación estadounidense se dio como una forma de impedir a Uruguay que adquiriese dos buques patrulleros a China en el marco de la licitación abierta en 2021.
Potenciar la construcción naval en el país
Uno de los objetivos de UNTMRA es concretar un Plan de Desarrollo de la Construcción Naval a nivel nacional. El dirigente sindical explicó que se espera un trabajo conjunto con el Gobierno de turno, la cámara naval y la academia.
Para Dárdano, el contexto es ideal, dado que se prevé una demanda de servicios desde Brasil bajo la Administración del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que desde la propia campaña presidencial apuntó a recuperar la industria naval.
El dirigente reivindicó que potenciar el sector naval tendría efectos a nivel económico y social, y que impactaría en la soberanía alimentaria del país.
"Si tuviéramos una muy buena flota pesquera de mejor calidad y cantidad podríamos tener más recursos acuáticos para poder solventar la alimentación y tener soberanía", aseguró.
Dárdano apuntó que la construcción naval nacional genera otros beneficios en el país. "Tiene un impacto social, incluso impacta en la seguridad, porque se dan oportunidades de trabajo. Hay que mirar a la industria nacional también a nivel social, no solamente a nivel económico", finalizó.
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