El Gobierno de Rusia ha publicado este 30 de enero un procedimiento para cumplir con el decreto del presidente Vladímir Putin que prohíbe suministrar el petróleo a los países que se hayan sumado al tope al precio del crudo ruso introducido por el Grupo de los Siete, la Unión Europea y Australia el pasado 5 de diciembre.
El documento gubernamental, firmado por el primer ministro, Mijaíl Mishustin, encomienda al Ministerio de Energía y al de Finanzas establecer hasta el 1 de marzo de 2023 cómo se realizará el monitoreo de los precios del crudo ruso destinado para la exportación. A su vez, las compañías exportadoras rusas tendrán que proporcionar mensualmente la información acerca de los contratos sellados y los precios que figuran allí. Asimismo, se les pedirá monitorear la no aplicación del tope hasta el comprador final.
En el decreto de Putin, que entrará en vigor este 1 de febrero y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023, se establece, entre otras disposiciones, que las entregas del crudo y los productos petrolíferos rusos, que quedan prohibidas bajo el decreto, pueden ser autorizadas con un permiso especial del mandatario.
Además del tope el precio fijado en 60 dólares por barril, desde el 5 de diciembre pasado la Unión europea mantiene en vigor un embargo a los suministros marítimos de petróleo ruso, si bien la restricción contiene varias exenciones. Además, desde el 5 de febrero está prevista la entrada en vigor del embargo europeo para la entrega marítima de los productos petrolíferos de Moscú.
Mientras, el pasado 26 de enero la agencia Bloomberg reportó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el bloque comunitario sopesa introducir un tope al precio del diésel y el fuelóleo rusos. Los informantes precisaron que el límite para el diésel se situaría en 100 dólares por barril y en 45 dólares para un barril del aceite combustible.
Pese a la oleada de sanciones, Rusia logró aumentar sus ingresos por la venta de gas y petróleo que crecieron un 28 % en 2022, comunicó a mediados de este mes el vice primer ministro ruso Alexánder Novak.
El documento gubernamental, firmado por el primer ministro, Mijaíl Mishustin, encomienda al Ministerio de Energía y al de Finanzas establecer hasta el 1 de marzo de 2023 cómo se realizará el monitoreo de los precios del crudo ruso destinado para la exportación. A su vez, las compañías exportadoras rusas tendrán que proporcionar mensualmente la información acerca de los contratos sellados y los precios que figuran allí. Asimismo, se les pedirá monitorear la no aplicación del tope hasta el comprador final.
En el decreto de Putin, que entrará en vigor este 1 de febrero y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023, se establece, entre otras disposiciones, que las entregas del crudo y los productos petrolíferos rusos, que quedan prohibidas bajo el decreto, pueden ser autorizadas con un permiso especial del mandatario.
Además del tope el precio fijado en 60 dólares por barril, desde el 5 de diciembre pasado la Unión europea mantiene en vigor un embargo a los suministros marítimos de petróleo ruso, si bien la restricción contiene varias exenciones. Además, desde el 5 de febrero está prevista la entrada en vigor del embargo europeo para la entrega marítima de los productos petrolíferos de Moscú.
Mientras, el pasado 26 de enero la agencia Bloomberg reportó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el bloque comunitario sopesa introducir un tope al precio del diésel y el fuelóleo rusos. Los informantes precisaron que el límite para el diésel se situaría en 100 dólares por barril y en 45 dólares para un barril del aceite combustible.
Pese a la oleada de sanciones, Rusia logró aumentar sus ingresos por la venta de gas y petróleo que crecieron un 28 % en 2022, comunicó a mediados de este mes el vice primer ministro ruso Alexánder Novak.
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