En su discurso ante Parlamento al inicio del debate, el primer ministro reconoció que las medidas no se corresponden con sus promesas de campaña, pero que el país no tiene otra alternativa. "No quiero ocultar la verdad. El acuerdo que se debatirá en el Eurogrupo está lejos de nuestro programa", dijo Alexis Tsipras, quien admitió que las medidas son duras, pero subrayó que rechazarlas abriría la puerta a un "campo minado".
Además, advirtió que círculos conservadores de Europa quieren que Grecia fracase. "Decidimos evitar un 'Grexit'", aseguró, respaldando la permanencia del país en la eurozona y en rechazo de su exclusión, barajada a distintos niveles durante los recientes meses de negociación. Tsipras aseguró que su gobierno hizo en los últimos seis meses "todo lo humanamente posible" para sacar al país de la crisis sin aplicar más medidas de ajuste, pero instó al legislativo a respaldar la actual estrategia y recordó que el país se encuentra al borde de la quiebra.
Tras seis meses de ásperas negociaciones, durante los cuales Grecia entró en mora con el FMI al incumplir un pago de deuda y perdió el acceso a miles de millones de euros al expirar su segundo rescate, el 30 de junio, el país solicitó un tercer rescate por tres años y 53.500 millones de euros.
En la víspera, una hora y media antes de vencer el plazo dado por sus acreedores, Grecia presentó el paquete de medidas que se le exigen a cambio del nuevo préstamo. La propuesta hace lugar a las exigencias de los acreedores respecto a elevar la edad de jubilación, subir el IVA y acelerar privatizaciones de empresas estatales, pero busca limitar cambios como exenciones impositivas a las islas griegas y recortes al gasto en Defensa.
El "rescate" pedido por Grecia al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) serviría para cubrir los vencimientos de aquí a junio de 2018. En ese periodo, Grecia debe abonar 46.000 millones de euros de bonos en poder de BCE y préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como 7500 millones de euros para la devolución de créditos tomados en los últimos meses por las agencias gubernamentales.
Las negociaciones se han realizado en medio del "corralito", con los bancos cerrados y los ahorristas impedidos de retirar de los cajeros más de 60 euros por día, mientras muchos comerciantes se niegan a aceptar pagos con tarjeta de débito o crédito y exigen sólo efectivo. Además, todas las transferencia de dinero al exterior requieren de un permiso especial del gobierno.
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