Este día, se publica en el Diario Oficial de la Nación el decreto que aprueba diversas reformas para permitir el uso de la geolocalización para la persecución criminal bajo sospecha. A este conjunto de cambios legislativos se les conoce como la Ley de Geolocalización (o #LeyStalker, como se le ha rebautizado en Twitter), y tras su discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, entrará en vigor en México a partir del miércoles 18 de abril.
La propuesta no consiguió el suficiente rechazo para ser descartada durante su fase de discusión. La Ley de Geolocalización fue respaldada por el empresario Alejandro Martí, quién a través de la organización México SOS, presentó a inicios de 2011 un proyecto de reforma para -entre otros puntos- “contemplar la Geolocalización en tiempo real de llamadas telefónicas en caso de secuestro.” Martí alcanzó notoriedad pública cuando, en 2008, su hijo fue secuestrado y asesinado; a partir de esa fecha, se dedicó a promover cambios legislativos para el combate al crimen organizado, como su apoyo a la cuestionada Ley de Seguridad Nacional.
La ley pasó al Senado, donde en abril de 2011 fue aprobada y turnada a la Cámara de Diputados. Ahí se quedó varada, reavivándose y apagándose el debate durante meses, hasta que el 1 de marzo de 2012 fue aprobada prácticamente por unanimidad (315 votos a favor, 6 en contra). Buena parte de su triunfo se debió al apoyo público de figuras como Martí o Isabel Miranda de Wallace, otra promotora de reformas en seguridad en México y actual candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Días después de su aprobación, Electronic Frontier Foundation emitió un comunicado en el que condenaba la aplicación de esta ley. Con esta reforma, el Estado está capacitado, a través de sus dependencias de seguridad -como la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública- a solicitar datos de geolocalización para investigaciones policiales, sin necesidad de una orden judicial de por medio y bajo motivos de sospecha. Los proveedores que se nieguen a entregar la información recibirán una cuantiosa multa por negarse a cooperar con las autoridades.
La reforma no especifica qué uso se le dará a los datos ni qué institución será responsable de resguardarlos. A propósito, rescato unas palabras de Geraldine Juárez, quien ha llevado el seguimiento del tema en ALT1040:
El Sr. Martí omite el hecho de que la confianza es un algoritmo complicado que ninguna tecnología puede proveer. La Ley de Geolocalización es exactamente lo opuesto a lo que se necesita para generar un clima de justicia y legalidad en México. El caso de RENAUT no fue suficiente para los legisladores mexicanos reconocieran los riesgos que implican bases de datos masivas de datos personales y evaluaran de una forma más ética y justa, y menos moralista — las implicaciones de la aprobación de esta ley en medio del clima de violencia, corrupción y colusión que existe en México.
Y ahora, ¿qué queda? Luis Fernando García, abogado especialista en derechos humanos, considera que se debe promover una acción de inconstitucionalidad:
Se debería buscar que se interponga una acción de inconstitucionalidad. La pueden interponer la PGR (no va a suceder), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Poco probable en tanto el ombudsman es muy cercano a una de las principales promotoras de la medida [Miranda de Wallace] pero que debe intentarse) o el 33 % de alguna de las cámaras. (Difícil).
Para tal efecto, García ha publicado un análisis jurídico (23 pp.) que sustenta la inconstitucionalidad de la Ley de Geolocalización. Con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Nación, la discusión ha revivido, por lo que se ha creado una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga el recurso.
Desafortunadamente, la Ley de Geolocalización no causó suficiente rechazo en su momento para ser retirada. Como mencioné, el apoyo de Martí y Miranda, promotores “ciudadanos” de la ley, generó simpatías en un sector que probablemente desconozca los peligros latentes de esta reforma. También es cierto que México se encuentra fragmentado en posturas de seguridad y que las políticas públicas se piensan a corto plazo, sin medir las consecuencias. El daño ya está hecho. La duda es si estamos aún a tiempo para revocar la medida.