George Soros a través de su fundación
Open Society, financia diferentes grupos por todo el mundo con la
intención de expandir su visión de “reducción de daños”. A la vez, es
accionista de Monsanto, que busca desarrollar semillas de marihuana
transgénica con fines medicinales y para producir textiles y
biocombustibles. Soros mantiene en el país capacidad estratégica para
plantar y cosechar cualquier planta. Unir los puntos resultaría
sugestivo pero… ¿de esto no se enteran en la revista THC?
Las pruebas sobre la forma en que una conspiración logró la prohibición del cáñamo de marihuana en buena parte del planeta a partir de 1937 son abrumadoras y ya bien conocidas. A esta altura de los acontecimientos, el debate sobre si un porro es adictivo o no parece ingenuo, sobre todo si se toman en cuenta los poderosos lobbys que están manejando la opinión pública en un tema que genera polémica: la despenalización de la tenencia de estupefacientes y el tratamiento que debe darle el Estado a los adictos a las drogas.
Desde legislación tendenciosa hasta atentados y encarcelamientos injustos de activistas han dado más de un argumento a los defensores del libre consumo del cannabis a lo largo de la historia para sostener que una injustificada persecusión se lleva adelante en su contra. La persecusión genera presión que tarde o temprano estalla en expresiones populares, ya sean espontáneas o inducidas.
Que el narcotráfico es un flagelo, no cabe la menor duda. Ver a un tranquilo e intelectual director de la revista THC, Sebastián Basalo, y a un descontrolado Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, acusandose mutuamente de “narco” y alimentando el alicaído rating televisivo de Gerardo Rozín en C5N, bastan para ver la seriedad del asunto: en el tema de la legalización, nadie quiere estar del lado de las bandas organizadas que cortan cabezas en Tijuana, ni del lado de los que cavan fosas comunes en Cali, ni de los vendedores de paco minoristas en las villas.
El debate está planteado e incluye a diferentes actores que van desde pequeños emprendimientos editoriales a grandes conglomerados agroindustriales, sin pasar por alto la mirada disimulada del gobierno frente al avance de la despenalización, que parece inexorable. Más aún en un año electoral.
La revista y el ministro
La iniciativa 7.258 es un proyecto de modificación a la ley 23.737 del Código penal, que establece las condenas a quienes realicen actividades relacionadas en mayor o menor medida con el consumo, tenencia y comercialización de estupefacinentes.
Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur, el partido de Humberto Tumini, quien a principios de este año fue catalogado de “estúpido” por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante un (muy de moda) cruce de declaraciones en la red social Twitter por el caso del narcoavión en Palomar.
Una de las principales características de la propuesta es la despenalización de la tenencia de estupefacientes y la derogación de artículos e incisos de la ley 23737 que preveen la asistencia médica pública a los adictos condenados por delitos. Otra sutil modificación deroga la penalización de la comercialización de semillas para cultivar plantas utilizables para producir estupefacientes aunque no así de la planta en sí misma. Es decir: según esta modificación, se podrá comercializar semillas pero no plantas vivas. Este dato es muy importante si se observa cómo se desarrolla el entramado más adelante.
El proyecto de modificación de ley está disponible online en el sitio web de la Revista THC, cuyos realizadores colaboraron con la redacción de la propuesta. La revista salió a la calle en diciembre del 2006, anunciando en tapa la cercanía de la despenalización en una tirada de 8.000 ejemplares. El último ejemplar de la revista muestra la imagen de 8.000 jóvenes (de 30 mil en todo el país) que marcharon el pasado 11 de mayo de Congreso a Plaza de Mayo para pedir que la policía ya no los moleste por fumar porro en una plaza sin molestar a nadie. “Despenalización ya, no a la tenencia simple”, fue la consigna de los manifestantes que se encolumnaron detrás de la bandera de la revista.
Sin exagerar, es dificil encontrar casos de personas que bajo los efectos del cannabis hayan cometido felonía mayor que la de quedarse dormido en una plaza y, a lo sumo, roncar. Sin embargo, al ser considerado como puerta de entrada a otras drogas entre otras cosas, los detractores del cannabis tienen su punto de apoyo.
En la última THC se lee un mensaje setentista y de barricada, tan reiteradamente gastado en los atriles del gobierno: 30 mil jóvenes luchando por sus derechos oponiendose al poder. No es irrelevante saber que antes se luchaba por condiciones laborales, hoy se combate por ¿el porro? Cosas de esta época de kirchnerismo cristino anibalista.
Y resulta que Aníbal, jefe de ministros de Cristina, a pesar de sus encontronazos con Tumini, está de acuerdo en una cosa con el referente de Libres del Sur: la despenalización de la marihuana es un camino a seguir.
La semana pasada el jefe de Gabinete afirmó respecto al debate de la despenalización de la tenencia de marihuana, que “debemos ir por los derechos humanos de segunda generación” y que “se debe apuntar a tratar la salud de los adictos, no reprimirlos”. En el programa 6,7,8, de la TV pública, Fernández señaló que “el lugar para recuperarse no es la cárcel, ya que en la cárcel terminan consumiendo de la misma manera que lo hacían afuera”.
El funcionario agregó que “la represión al usuario no consiguió nada y las redes de narcotraficantes proliferaron más que nunca en el mundo” y sostuvo que “toda la visión sobre este tema está cambiando en el mundo y se está encaminando a no reprimir al usuario, sino ayudarlo a recuperarse y apuntar a los vendedores”.
Con buenos ojos, sus declaraciones son una especie de mea culpa, sobre todo si se tiene en cuenta que Fernández estuvo durante años a cargo del servicio penitenciario a través de sus funciones como Ministro del Interior primero y Ministro de Justicia después.
La relación entre la revista y el ministro espadachín radial fue sugerida en algún momento por Christian Sanz desde Tribuna de Periodistas. Sanz propuso que existe una connivencia entre el movimiento de “harm reduction” que plantea el multimillonario banquero de la costa este de USA, George Soros, la funcionalidad de Fernández en el tema y la “folletería” planteada por la revista THC.
Ante la sugerencia, Sebastián Basalo, responsable de la THC, repondió en julio del 2008 en una entrevista radial en FM Palermo con la misma altura que Izaguirre cuando la semana pasada casi se va a las manos con el joven editor: “Eso es cualquier pelotudez”. Al mismo tiempo desestimó iniciar acciones legales contra Sanz y ofreció su registro accionario para probar que cuatro socios invirtieron en los primeros 8 mil números editados por la revista.
Harm Reduction
La relación entre los grupos que buscan la despenalización de las drogas en el mundo y el multimillonario George Soros es notoria y se han escrito numerosas páginas al respecto. El movimiento agrupa diferentes ONG’s, financiadas por la fundación Open Society de Soros y enfocan la problemática de la droga con una visión de “reducción de daños”.
Los argumentos esgrimidos por Soros para buscar la despenalización son simples: hacer del consumo de drogas un tema privado para desentender a los estados del cuidado que debe procurar a los adictos. Para unos se trata de derechos civiles, para otros de la privatización del consumo de estupefacientes. Dado que el flagelo de la droga existe, hay que reducir los daños que esta provoca a las arcas públicas y al sistema de salud en general.
En ese sentido, el multimillonario trabajó en USA junto a miembros de diferentes sectores del complejo industrial militar en la propuesta 19, que el año pasado rechazaron los californianos en un plebiscito. La propuesta 19 buscaba la despenalización de la marihuana en el estado de la costa oeste de USA y era impulsada por una organización denominada DPA (Drug Policy Alliance) de la cual Soros es el director.
Actualmente, su poder de propaganda consiguió la despenalización en el estado de Connecticut, USA.
Además de Soros, entre los miembros de la DPA se encuentran algunas reconocidas figuras del stablishment de USA: Frank Charles Carlucci III, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores hasta por lo menos 1995, ex asistente del Director de la CIA entre 1978 y 1980 y director de United Defense Industries (el mayor contratista de defensa de USA); Nicholas Katzenbach, miembro del Consejo Mayor de la Corporación IBM; Mathilde Krim, de la Fundación Rockefeller; y Paul Adolph Volcker, quien se desempeñó en la Reserva Federal de USA del 79′ al 87′.
“Casualmente” Volcker, participó en la redacción del informe que preparó la Comisión Global de Políticas de Drogas para la ONU. La Comisión está integrada además por 19 referentes entre ex presidentes y funcionarios de organismos internacionales.
El documento comienza con un párrafo crucial en donde se menciona que “La guerra global a las drogas ha fracasado con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.”
En otras palabras, Soros está virtualmente comprometido con los movimientos de despenalización alrededor de todo el mundo y la simple idea de una labor filantrópica es descartada si se recuerdan los casos de Warren Buffet y Bill Gates, que decidieron donar la mitad de su fortuna: uno declarando que pueden investigar vacunas en busca de reducir la población mundial y el otro pensando en un seguro contra pandemias en medio de la psicosis producida por la gripe A post crisis financiera en 2009.
Entonces, ¿qué es lo que moviliza a Soros?
Monsanto
Uno de las cinco principales inversiones de Soros en el planeta es Monsanto, donde es el segundo mayor accionista. No parece haber mucho para decir acerca de Monsanto que no se haya dicho. El principal productor de alimentos y agroquímicos de practicamente todo el mundo tiene en su prontuario la producción del Agente Naranja, las semillas terminator, el herbicida Round Up y se le acusa de perseguir a granjeros con contratos leoninos por el uso de sus semillas patentadas.
El valor de la planta de cannabis como una industria, sin tener en cuenta el valor del cannabis como alimento o medicina, se estimaba en miles de millones en 1938 según un artículo publicado por la revista Popular Mechanics en ese momento, por lo que no es de extrañar por qué un de los principales accionistas de Monsanto tenga interés ser uno de los principales impulsores de la Proposición 19 en USA, que es “producir cannabis para fines científicos, médicos, industriales y de investigación” y de “adoptar un sistema de regulación a nivel estatal para un comercio de la industria canabica”.
En ese sentido, la Proposición 19 es nada menos que la apertura de las posibilidad para Monsanto, otros petro-químicos y las empresas farmacéuticas para comercializar, regular, controlar y gravar los impuestos sobre el cannabis a través de ingeniería genética, patentes y licencias en USA.
Monsanto y la Drug Policy Alliance no son las únicas entidades encabezando la tarea de regular el cannabis a través de ingeniería genética. Como se publicó en septiembre de 2009 en el Journal of Experimental Botany, investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minnesota han identificado los genes en la planta de cannabis que producen tetra-hydro-cannabinol (THC), afirmando en un comunicado de prensa que es “un primer paso hacia la ingeniería de una planta de cannabis libre de drogas”. George Weiblen, profesor asociado de biología vegetal y co-autor del estudio, dijo que “la genética de cannabis puede contribuir a mejorar la agricultura, la medicina, y lucha contra las drogas”.
George Weiblen lleva a cabo su investigación en virtud de una autorización otorgada por la DEA a la importación de cannabis dentro de USA. Las dos fuentes de las que estas importaciones proceden son Kenex con sede en Ontario, Canadá y la corporación Hortapharm con sede en Amsterdam. Estas dos empresas son de las pocas entidades que han adquirido un permiso de la DEA para la importación de cannabis en USA. La historia y el papel de estas corporaciones ilustran el potencial de la ingeniería genética en el mercado mundial de cannabis.
La Corporación Kenex inició su programa de investigación sobre el cáñamo industrial en 1995 en cooperación con Ridgetown College de la Universidad de Guelph en Ontario. La licencia de investigación fue otorgada por Health Canada para continuar con el programa. El alcance del proyecto se amplió en 1996 por lo que es el proyecto de investigación más grande del cáñamo en Canadá.
Es interesante notar que el programa Kenex de la investigación sobre el cáñamo se inició en la Universidad de Guelph, que es también el hogar de 24 instalaciones de investigación de biotecnología agrícola, y es en gran medida financiado por la industria de la biotecnología, incluidos los fondos de investigación de Monsanto, Bayor Incorporated, Dupont, Syngenta y la empresa Dow Chemical, por nombrar algunos.
El Estudio de Impacto de la Universidad de Guelph en el año 2007 establece que junto a Monsanto se asociaron para modificar genéticamente una ambrosía resistente al glifosato, y que el gigante de los agroquímicos ha contribuido con importantes investigaciones y desarrollo en ingeniería genética de cepas de cultivos de soja.
La otra pata de las investigaciones, Hortapharm, fue fundada a finales de 1990 por un hombre llamado David Watson.
David Watson ostenta el honor de haber desarrollado algunas de las más utilizadas cepas de cannabis en el mundo, incluyendo su famosa Skunk # 1, que fue importada y utilizada en la investigación de George Weiblens para desarrollar cepas de cannabis en la Universidad de Minnesota.
Una nota publicada en el sitio especializado en cannabis, Cannabis Farmer, denuncia a Watson por sus intenciones de crear genéticas de plantas que no sacaran semillas ni fueran pasibles de clonación mediante esquejes. Watson, también conocido como Dr. Frankenbeanstein, tuvo apoyo de la DEA, lo que permitió que su investigación en Holanda tuviera prioridad e incluso fuera financiada por el gobierno holandés.
En la nota se asegura que Monsanto a través de Hortapharm está usando la tecnología terminator, que mata a las semillas de las plantas de cannabis una vez que estas están en condiciones de producirlas. Como objetivo final, HortaPharm investigaría todas las secuencias genéticas posibles para tratar todas las enfermedades posibles, patentarlas y acusar de fraude a cualquiera que use comercialmente la marihuana para fines medicinales. Algo similar a lo que ocurre con la soja (ver documental “El mundo según Monsanto”).
Sin posibilidad de clonarse ni producir semillas, los cultivadores, esos 30 mil militantes que marcharon por todo el país en reclamo de su derecho a tener su propia planta y llevarle flores a un amigo libremente por la calle, quedarán presos de la genética de Monsanto. Igual que los productores agropecuarios pequeños, cada plantación implicará una nueva compra de semillas y probablemente a precio dólar.
Cuesta creer que los fundadores de THC, 4 lectores asiduos de publicaciones sobre la cultura cannabica mundial, de los primeros en la Argentina, no conocieran esta historia, reproducida en diferentes medios relacionados con el tema. Más teniendo en cuenta que están impulsando una ley que busca despenalizar la tenencia de estupefacientes, cosa que sería practicamente un favor caído del cielo para los planes de Monsanto sobre el cannabis. Ah, ¿lo hacen de onda nomás?
Soros en la Argentina
El multimillonario George Soros fue uno de los pocos afortunados que logró licuar justo a tiempo sus activos practicamente horas antes de que estallara la crisis del 2001 en la Argentina.
Su relación con nuestro país ha sido de idas y vueltas. Con los Kirchner tuvo un período de gracia en el que, según publicaba Perfil en julio del 2008, el banquero consiguió alquilar campos del Ejército para plantar soja mientras Cristina de Kirchner despotricaba contra los pooles sojeros y la “timba de alimentos” en otra de sus tantas demostraciones de doble discurso.
El 6 de agosto del 2009, la Fundación Open Society llegó al Congreso Nacional para disertar sobre las bondades de la despenalización de la tenencia de drogas. El acto, organizado por la Fundación Intercambios, contó con el apoyo de la Embajada Inglesa y de Holanda. El detalle, fueron sus dos únicos oradores: el jefe de gabinete, Aníbal Fernández y el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zafaroni.
Dos días después, la Corte Suprema dicta el fallo que despenaliza la tenencia de drogas. A las semanas, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, crea el Comité Cientifico Asesor, bajo la dirección de la ex fiscal Mónica Cuñaro.
Al día de hoy, la relación es distante y hasta por el canal oficial se vislumbra algún que otro palo a los negocios que Soros pretende desarrollar en Entre Ríos junto al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en uno de los tantos rounds que el gobierno mantuvo con el multimedio de Ernestina de Noble.
Sin embargo, el empresario mantiene en el país inversiones estratégicas en los sectores de salud y agro, además de telecomunicaciones (Motorola). Soros incluso mantiene acciones en Adecoagro.
Adecoagro está en el negocio de la agricultura y la agroindustria en América del Sur. Soros abrió una nueva participación en esta compañía con la compra de más de 27 millones de acciones. El precio objetivo medio de la acción es de US$ 15,9. La inversión total en la empresa es de unos US$ 430 millones.
Adecoagro dispone de una serie de campos y plantas agroindustriales en la Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Al sur de Brasil tiene plantaciones de caña de azúcar y dos plantas de producción de etanol (biocombustibles). En Uruguay mantiene sólo dos plantaciones y en la Argentina concentra buena parte de sus cultivos.
Leche en Córdoba, arroz en Entre Ríos y Corrientes, silos en Santa Fé y Buenos Aires y diferentes plantaciones en Salta, Santiago del Estero y Formosa conforman parte de la infraestructura agraria que Adecoagro mantiene en el país y que estaría completamente preparada para la entrada de nuevos productos al mercado.
La encuesta 2010 de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) de Argentina, reveló que 8,4% de los adolescentes informaron haber consumido marihuana en el último año; en el 2001 esa cifra era 3,5%. Eso se parece mucho a un mercado latente y en crecimiento.
Si bien en la marcha del 11 de mayo se reclamó por una asistencia médica gratuita para los adictos, nada de eso figura en la propuesta de ley. De hecho, uno de sus artículos prevee la derogación de todas las alusiones al tratamiento de los enfermos por parte del estado. El fin de SEDRONAR y el comienzo del “harm reduction”. Suena bien para George Soros, que por estos días tiene a Monsanto tratando de firmar un convenio con agricultores para el uso de otra de sus semillas de soja transgénica.
Las pruebas sobre la forma en que una conspiración logró la prohibición del cáñamo de marihuana en buena parte del planeta a partir de 1937 son abrumadoras y ya bien conocidas. A esta altura de los acontecimientos, el debate sobre si un porro es adictivo o no parece ingenuo, sobre todo si se toman en cuenta los poderosos lobbys que están manejando la opinión pública en un tema que genera polémica: la despenalización de la tenencia de estupefacientes y el tratamiento que debe darle el Estado a los adictos a las drogas.
Desde legislación tendenciosa hasta atentados y encarcelamientos injustos de activistas han dado más de un argumento a los defensores del libre consumo del cannabis a lo largo de la historia para sostener que una injustificada persecusión se lleva adelante en su contra. La persecusión genera presión que tarde o temprano estalla en expresiones populares, ya sean espontáneas o inducidas.
Que el narcotráfico es un flagelo, no cabe la menor duda. Ver a un tranquilo e intelectual director de la revista THC, Sebastián Basalo, y a un descontrolado Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, acusandose mutuamente de “narco” y alimentando el alicaído rating televisivo de Gerardo Rozín en C5N, bastan para ver la seriedad del asunto: en el tema de la legalización, nadie quiere estar del lado de las bandas organizadas que cortan cabezas en Tijuana, ni del lado de los que cavan fosas comunes en Cali, ni de los vendedores de paco minoristas en las villas.
El debate está planteado e incluye a diferentes actores que van desde pequeños emprendimientos editoriales a grandes conglomerados agroindustriales, sin pasar por alto la mirada disimulada del gobierno frente al avance de la despenalización, que parece inexorable. Más aún en un año electoral.
La revista y el ministro
La iniciativa 7.258 es un proyecto de modificación a la ley 23.737 del Código penal, que establece las condenas a quienes realicen actividades relacionadas en mayor o menor medida con el consumo, tenencia y comercialización de estupefacinentes.
Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur, el partido de Humberto Tumini, quien a principios de este año fue catalogado de “estúpido” por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante un (muy de moda) cruce de declaraciones en la red social Twitter por el caso del narcoavión en Palomar.
Una de las principales características de la propuesta es la despenalización de la tenencia de estupefacientes y la derogación de artículos e incisos de la ley 23737 que preveen la asistencia médica pública a los adictos condenados por delitos. Otra sutil modificación deroga la penalización de la comercialización de semillas para cultivar plantas utilizables para producir estupefacientes aunque no así de la planta en sí misma. Es decir: según esta modificación, se podrá comercializar semillas pero no plantas vivas. Este dato es muy importante si se observa cómo se desarrolla el entramado más adelante.
El proyecto de modificación de ley está disponible online en el sitio web de la Revista THC, cuyos realizadores colaboraron con la redacción de la propuesta. La revista salió a la calle en diciembre del 2006, anunciando en tapa la cercanía de la despenalización en una tirada de 8.000 ejemplares. El último ejemplar de la revista muestra la imagen de 8.000 jóvenes (de 30 mil en todo el país) que marcharon el pasado 11 de mayo de Congreso a Plaza de Mayo para pedir que la policía ya no los moleste por fumar porro en una plaza sin molestar a nadie. “Despenalización ya, no a la tenencia simple”, fue la consigna de los manifestantes que se encolumnaron detrás de la bandera de la revista.
Sin exagerar, es dificil encontrar casos de personas que bajo los efectos del cannabis hayan cometido felonía mayor que la de quedarse dormido en una plaza y, a lo sumo, roncar. Sin embargo, al ser considerado como puerta de entrada a otras drogas entre otras cosas, los detractores del cannabis tienen su punto de apoyo.
En la última THC se lee un mensaje setentista y de barricada, tan reiteradamente gastado en los atriles del gobierno: 30 mil jóvenes luchando por sus derechos oponiendose al poder. No es irrelevante saber que antes se luchaba por condiciones laborales, hoy se combate por ¿el porro? Cosas de esta época de kirchnerismo cristino anibalista.
Y resulta que Aníbal, jefe de ministros de Cristina, a pesar de sus encontronazos con Tumini, está de acuerdo en una cosa con el referente de Libres del Sur: la despenalización de la marihuana es un camino a seguir.
La semana pasada el jefe de Gabinete afirmó respecto al debate de la despenalización de la tenencia de marihuana, que “debemos ir por los derechos humanos de segunda generación” y que “se debe apuntar a tratar la salud de los adictos, no reprimirlos”. En el programa 6,7,8, de la TV pública, Fernández señaló que “el lugar para recuperarse no es la cárcel, ya que en la cárcel terminan consumiendo de la misma manera que lo hacían afuera”.
El funcionario agregó que “la represión al usuario no consiguió nada y las redes de narcotraficantes proliferaron más que nunca en el mundo” y sostuvo que “toda la visión sobre este tema está cambiando en el mundo y se está encaminando a no reprimir al usuario, sino ayudarlo a recuperarse y apuntar a los vendedores”.
Con buenos ojos, sus declaraciones son una especie de mea culpa, sobre todo si se tiene en cuenta que Fernández estuvo durante años a cargo del servicio penitenciario a través de sus funciones como Ministro del Interior primero y Ministro de Justicia después.
La relación entre la revista y el ministro espadachín radial fue sugerida en algún momento por Christian Sanz desde Tribuna de Periodistas. Sanz propuso que existe una connivencia entre el movimiento de “harm reduction” que plantea el multimillonario banquero de la costa este de USA, George Soros, la funcionalidad de Fernández en el tema y la “folletería” planteada por la revista THC.
Ante la sugerencia, Sebastián Basalo, responsable de la THC, repondió en julio del 2008 en una entrevista radial en FM Palermo con la misma altura que Izaguirre cuando la semana pasada casi se va a las manos con el joven editor: “Eso es cualquier pelotudez”. Al mismo tiempo desestimó iniciar acciones legales contra Sanz y ofreció su registro accionario para probar que cuatro socios invirtieron en los primeros 8 mil números editados por la revista.
Harm Reduction
La relación entre los grupos que buscan la despenalización de las drogas en el mundo y el multimillonario George Soros es notoria y se han escrito numerosas páginas al respecto. El movimiento agrupa diferentes ONG’s, financiadas por la fundación Open Society de Soros y enfocan la problemática de la droga con una visión de “reducción de daños”.
Los argumentos esgrimidos por Soros para buscar la despenalización son simples: hacer del consumo de drogas un tema privado para desentender a los estados del cuidado que debe procurar a los adictos. Para unos se trata de derechos civiles, para otros de la privatización del consumo de estupefacientes. Dado que el flagelo de la droga existe, hay que reducir los daños que esta provoca a las arcas públicas y al sistema de salud en general.
En ese sentido, el multimillonario trabajó en USA junto a miembros de diferentes sectores del complejo industrial militar en la propuesta 19, que el año pasado rechazaron los californianos en un plebiscito. La propuesta 19 buscaba la despenalización de la marihuana en el estado de la costa oeste de USA y era impulsada por una organización denominada DPA (Drug Policy Alliance) de la cual Soros es el director.
Actualmente, su poder de propaganda consiguió la despenalización en el estado de Connecticut, USA.
Además de Soros, entre los miembros de la DPA se encuentran algunas reconocidas figuras del stablishment de USA: Frank Charles Carlucci III, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores hasta por lo menos 1995, ex asistente del Director de la CIA entre 1978 y 1980 y director de United Defense Industries (el mayor contratista de defensa de USA); Nicholas Katzenbach, miembro del Consejo Mayor de la Corporación IBM; Mathilde Krim, de la Fundación Rockefeller; y Paul Adolph Volcker, quien se desempeñó en la Reserva Federal de USA del 79′ al 87′.
“Casualmente” Volcker, participó en la redacción del informe que preparó la Comisión Global de Políticas de Drogas para la ONU. La Comisión está integrada además por 19 referentes entre ex presidentes y funcionarios de organismos internacionales.
El documento comienza con un párrafo crucial en donde se menciona que “La guerra global a las drogas ha fracasado con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.”
En otras palabras, Soros está virtualmente comprometido con los movimientos de despenalización alrededor de todo el mundo y la simple idea de una labor filantrópica es descartada si se recuerdan los casos de Warren Buffet y Bill Gates, que decidieron donar la mitad de su fortuna: uno declarando que pueden investigar vacunas en busca de reducir la población mundial y el otro pensando en un seguro contra pandemias en medio de la psicosis producida por la gripe A post crisis financiera en 2009.
Entonces, ¿qué es lo que moviliza a Soros?
Monsanto
Uno de las cinco principales inversiones de Soros en el planeta es Monsanto, donde es el segundo mayor accionista. No parece haber mucho para decir acerca de Monsanto que no se haya dicho. El principal productor de alimentos y agroquímicos de practicamente todo el mundo tiene en su prontuario la producción del Agente Naranja, las semillas terminator, el herbicida Round Up y se le acusa de perseguir a granjeros con contratos leoninos por el uso de sus semillas patentadas.
El valor de la planta de cannabis como una industria, sin tener en cuenta el valor del cannabis como alimento o medicina, se estimaba en miles de millones en 1938 según un artículo publicado por la revista Popular Mechanics en ese momento, por lo que no es de extrañar por qué un de los principales accionistas de Monsanto tenga interés ser uno de los principales impulsores de la Proposición 19 en USA, que es “producir cannabis para fines científicos, médicos, industriales y de investigación” y de “adoptar un sistema de regulación a nivel estatal para un comercio de la industria canabica”.
En ese sentido, la Proposición 19 es nada menos que la apertura de las posibilidad para Monsanto, otros petro-químicos y las empresas farmacéuticas para comercializar, regular, controlar y gravar los impuestos sobre el cannabis a través de ingeniería genética, patentes y licencias en USA.
Monsanto y la Drug Policy Alliance no son las únicas entidades encabezando la tarea de regular el cannabis a través de ingeniería genética. Como se publicó en septiembre de 2009 en el Journal of Experimental Botany, investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minnesota han identificado los genes en la planta de cannabis que producen tetra-hydro-cannabinol (THC), afirmando en un comunicado de prensa que es “un primer paso hacia la ingeniería de una planta de cannabis libre de drogas”. George Weiblen, profesor asociado de biología vegetal y co-autor del estudio, dijo que “la genética de cannabis puede contribuir a mejorar la agricultura, la medicina, y lucha contra las drogas”.
George Weiblen lleva a cabo su investigación en virtud de una autorización otorgada por la DEA a la importación de cannabis dentro de USA. Las dos fuentes de las que estas importaciones proceden son Kenex con sede en Ontario, Canadá y la corporación Hortapharm con sede en Amsterdam. Estas dos empresas son de las pocas entidades que han adquirido un permiso de la DEA para la importación de cannabis en USA. La historia y el papel de estas corporaciones ilustran el potencial de la ingeniería genética en el mercado mundial de cannabis.
La Corporación Kenex inició su programa de investigación sobre el cáñamo industrial en 1995 en cooperación con Ridgetown College de la Universidad de Guelph en Ontario. La licencia de investigación fue otorgada por Health Canada para continuar con el programa. El alcance del proyecto se amplió en 1996 por lo que es el proyecto de investigación más grande del cáñamo en Canadá.
Es interesante notar que el programa Kenex de la investigación sobre el cáñamo se inició en la Universidad de Guelph, que es también el hogar de 24 instalaciones de investigación de biotecnología agrícola, y es en gran medida financiado por la industria de la biotecnología, incluidos los fondos de investigación de Monsanto, Bayor Incorporated, Dupont, Syngenta y la empresa Dow Chemical, por nombrar algunos.
El Estudio de Impacto de la Universidad de Guelph en el año 2007 establece que junto a Monsanto se asociaron para modificar genéticamente una ambrosía resistente al glifosato, y que el gigante de los agroquímicos ha contribuido con importantes investigaciones y desarrollo en ingeniería genética de cepas de cultivos de soja.
La otra pata de las investigaciones, Hortapharm, fue fundada a finales de 1990 por un hombre llamado David Watson.
David Watson ostenta el honor de haber desarrollado algunas de las más utilizadas cepas de cannabis en el mundo, incluyendo su famosa Skunk # 1, que fue importada y utilizada en la investigación de George Weiblens para desarrollar cepas de cannabis en la Universidad de Minnesota.
Una nota publicada en el sitio especializado en cannabis, Cannabis Farmer, denuncia a Watson por sus intenciones de crear genéticas de plantas que no sacaran semillas ni fueran pasibles de clonación mediante esquejes. Watson, también conocido como Dr. Frankenbeanstein, tuvo apoyo de la DEA, lo que permitió que su investigación en Holanda tuviera prioridad e incluso fuera financiada por el gobierno holandés.
En la nota se asegura que Monsanto a través de Hortapharm está usando la tecnología terminator, que mata a las semillas de las plantas de cannabis una vez que estas están en condiciones de producirlas. Como objetivo final, HortaPharm investigaría todas las secuencias genéticas posibles para tratar todas las enfermedades posibles, patentarlas y acusar de fraude a cualquiera que use comercialmente la marihuana para fines medicinales. Algo similar a lo que ocurre con la soja (ver documental “El mundo según Monsanto”).
Sin posibilidad de clonarse ni producir semillas, los cultivadores, esos 30 mil militantes que marcharon por todo el país en reclamo de su derecho a tener su propia planta y llevarle flores a un amigo libremente por la calle, quedarán presos de la genética de Monsanto. Igual que los productores agropecuarios pequeños, cada plantación implicará una nueva compra de semillas y probablemente a precio dólar.
Cuesta creer que los fundadores de THC, 4 lectores asiduos de publicaciones sobre la cultura cannabica mundial, de los primeros en la Argentina, no conocieran esta historia, reproducida en diferentes medios relacionados con el tema. Más teniendo en cuenta que están impulsando una ley que busca despenalizar la tenencia de estupefacientes, cosa que sería practicamente un favor caído del cielo para los planes de Monsanto sobre el cannabis. Ah, ¿lo hacen de onda nomás?
Soros en la Argentina
El multimillonario George Soros fue uno de los pocos afortunados que logró licuar justo a tiempo sus activos practicamente horas antes de que estallara la crisis del 2001 en la Argentina.
Su relación con nuestro país ha sido de idas y vueltas. Con los Kirchner tuvo un período de gracia en el que, según publicaba Perfil en julio del 2008, el banquero consiguió alquilar campos del Ejército para plantar soja mientras Cristina de Kirchner despotricaba contra los pooles sojeros y la “timba de alimentos” en otra de sus tantas demostraciones de doble discurso.
El 6 de agosto del 2009, la Fundación Open Society llegó al Congreso Nacional para disertar sobre las bondades de la despenalización de la tenencia de drogas. El acto, organizado por la Fundación Intercambios, contó con el apoyo de la Embajada Inglesa y de Holanda. El detalle, fueron sus dos únicos oradores: el jefe de gabinete, Aníbal Fernández y el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zafaroni.
Dos días después, la Corte Suprema dicta el fallo que despenaliza la tenencia de drogas. A las semanas, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, crea el Comité Cientifico Asesor, bajo la dirección de la ex fiscal Mónica Cuñaro.
Al día de hoy, la relación es distante y hasta por el canal oficial se vislumbra algún que otro palo a los negocios que Soros pretende desarrollar en Entre Ríos junto al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en uno de los tantos rounds que el gobierno mantuvo con el multimedio de Ernestina de Noble.
Sin embargo, el empresario mantiene en el país inversiones estratégicas en los sectores de salud y agro, además de telecomunicaciones (Motorola). Soros incluso mantiene acciones en Adecoagro.
Adecoagro está en el negocio de la agricultura y la agroindustria en América del Sur. Soros abrió una nueva participación en esta compañía con la compra de más de 27 millones de acciones. El precio objetivo medio de la acción es de US$ 15,9. La inversión total en la empresa es de unos US$ 430 millones.
Adecoagro dispone de una serie de campos y plantas agroindustriales en la Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Al sur de Brasil tiene plantaciones de caña de azúcar y dos plantas de producción de etanol (biocombustibles). En Uruguay mantiene sólo dos plantaciones y en la Argentina concentra buena parte de sus cultivos.
Leche en Córdoba, arroz en Entre Ríos y Corrientes, silos en Santa Fé y Buenos Aires y diferentes plantaciones en Salta, Santiago del Estero y Formosa conforman parte de la infraestructura agraria que Adecoagro mantiene en el país y que estaría completamente preparada para la entrada de nuevos productos al mercado.
La encuesta 2010 de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) de Argentina, reveló que 8,4% de los adolescentes informaron haber consumido marihuana en el último año; en el 2001 esa cifra era 3,5%. Eso se parece mucho a un mercado latente y en crecimiento.
Si bien en la marcha del 11 de mayo se reclamó por una asistencia médica gratuita para los adictos, nada de eso figura en la propuesta de ley. De hecho, uno de sus artículos prevee la derogación de todas las alusiones al tratamiento de los enfermos por parte del estado. El fin de SEDRONAR y el comienzo del “harm reduction”. Suena bien para George Soros, que por estos días tiene a Monsanto tratando de firmar un convenio con agricultores para el uso de otra de sus semillas de soja transgénica.
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