De los nuevos 23 ministros del gabinete de Michel Temer, siete están procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la estatal Petrobras.
Desde los diputados y senadores que votaron a favor del juicio político contra Dilma Rousseff hasta el nuevo Gobierno, todos están acusados o son sospechosos de haber cometido algún ilícito. Hasta el propio Temer tiene presentado un pedido de 'impeachment' ante el Congreso que, por supuesto, no ha avanzado.
El gabinete de la corrupción
Según una investigación publicada por el diario 'O Estado Sao Paulo', 12 ministros que se presentaron a distintos cargos en las elecciones de 2014 fueron financiados en sus campañas por compañías vinculadas a casos de corrupción.
La mayoría de esas empresas tienen a sus dueños, presidentes y altos ejecutivos con condenas de prisión. Por esa razón, los políticos que recibieron esas contribuciones, que provienen de las mayores constructoras nacionales y principales contratistas de Petrobras, son o deberán ser investigados por la Fiscalía.
Entre los investigados está el canciller José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB); y el titular de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, al que pertenece Temer).
También del PMDB e integrantes de la lista de los 12 son los ministros de Turismo, Henrique Eduardo Alves; de Deportes, Leonardo Picciani; y de Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra.
Por su parte, Ricardo Barros, ministro de Salud, y Blairo Maggi, de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, ambos del derechista Partido Progresista (PP), también recibieron fondos de la constructoras investigadas. Según reseña el diario argentino Página/12, "el PP fue aliado del Gobierno de Rousseff y es el partido que tiene más integrantes investigados por sus presuntos nexos con los fraudes en la petrolera nacional".
Asimismo, la Policía Federal investiga de manera formal a tres ministros en el marco de la operación Lava Jato: los ya mencionados titulares de Turismo y de la secretaría de Gobierno y el responsable de Planificación, Romero Jucá, del PMDB. Esta causa abarca el desvió de fondos millonarios de la empresa estatal Petrobras.
Temer, el golpe y EE.UU.
Aun cuando el "golpe" contra Rousseff no se había concretado, los rumores sobre la injerencia de Estados Unidos en la desestabilización del Gobierno circulaban como un secreto a voces. Concretada la destitución de la presidenta, esto se ha hecho más claro aún.
Por un lado, WikiLeaks denunció que Temer fue informante de la embajada de EE.UU. en Brasil. En 2006 el entonces diputado envío al Comando Sur, asentado en Miami (Florida, EE.UU.), un análisis de la situación política del país.
Además, sus vínculos con las empresas y los mercados norteamericanos no los oculta ni la propia cadena estadounidense CNN, que lo describió como una figura que "a Wall Street le gusta".
Finalmente, el programa En la mira de RT y TeleSUR reveló que la actual embajadora de los norteamericanos en Brasilia, Liliana Ayalde, desempeñaba ese mismo cargo en Asunción durante el periodo previo al golpe de 2012 contra el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Según cables de WikiLeaks, ya en 2010 la embajadora norteamericana propició un debate sobre la situación política en Paraguay y la eventualidad de un juicio político para destituir al antiguo mandatario paraguayo.
La resistencia al gobierno golpista
Todos estos acontecimientos han desencadenado distintos tipos de resistencia, que ya se venían manifestando previamente.
Durante la asunción de Temer, la Policía Militar reprimió a unos manifestantes que gritaban "Fuera Temer" y "Temer golpista" en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Desde entonces, se han producido movilizaciones y protestas de distinta intensidad en todo el país, como registra el Radar de Lutas Populares del periódico 'Brasil de Fato'.
Por otra parte, la Orden de Abogados de Brasil sostuvo este domingo que los ministros nombrados que están bajo sospecha de corrupción deben dejar sus cargos, ya que su nombramiento "contraría los anhelos de la sociedad".
El presidente de esta influyente organización de letrados, Claudio Lamachia, señaló que "aquellos investigados no pueden ser ministros de Estado", ya que eso "amenaza la posibilidad de que Brasil transite por mejores rumbos".
Finalmente, en el plano político el expresidente Lula Da Silva anunció que buscará unir a las distintas expresiones de izquierda más allá del propio Partido de los Trabajadores (PT). Para ello, entabló conversaciones con la Central Única de Trabajadores (CUT), el Movimiento Sin Tierra (MST) y la Central de Trabajadores de Brasil (CTB).
El objetivo de Lula es recorrer el país para organizar la resistencia popular contra el golpe de Estado.
Redactado por Santiago Mayor
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