© Photo Víctor Flores García
A los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero "los mataron", y a algunos "los quemaron vivos", dijo con base en testimonios de testigos el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, en entrevista con la agencia Nóvosti.
"Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos", dijo el sacerdote, de 69 años, quien dirige un albergue para migrantes ilegales en el estado de Oaxaca (sur), que colinda con Guerrero.
La categórica afirmación se basa en los testimonios de testigos entre los policías, dijo Solalinde, quien además está en comunicación con los estudiantes sobrevivientes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, estado de Guerrero, reprimidos la noche del 26 de octubre en la ciudad de Iguala (200 km al oeste), con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
"La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías", dijo Solalinde.
"Siempre hay alguien que tiene conciencia; pero si hablan temen que los vayan a matar. Dicen que a unos jóvenes los quemaron vivos y los mataron", describió.
El sacerdote ofreció la versión en entrevista exclusiva con la agencia Nóvosti y el diario austriaco Der Standard de Viena, en el marco del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla (70 km al este).
Es la mayor figura de la Iglesia católica que trabaja por los derechos de los migrantes ilegales en México, es uno de los líderes humanitarios mexicanos que denunció la masacre de 72 migrantes, perpetrada por traficantes en agosto de 2010 en Tamaulipas (noreste) y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, el 10 de diciembre de ese año, de manos del presidente de México, Enrique Peña, en el Día Internacional de los DDHH.
Por los ataques y la desaparición de estudiantes, México ha recibido reclamos de parte de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y decenas de organismos humanitarios y de la sociedad civil mexicana para encontrar a los culpables y castigarlos.
Estudiantes en la miseria en la mira del gobernador
Solalinde señala que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sabía de los vínculos del alcalde prófugo José Luis Abaraca con los delincuentes de la mafia llamada Guerreros Unidos: "No es casual lo que pasó con los jóvenes. Es una línea clara de represión que se ha presentado en muchas partes", relató el prelado Católico.
"El Gobernador sabía en qué estaba metido el alcalde (narcotráfico), y tiene relación con la esposa del alcalde. Él mismo ha dicho que conocía de esos vínculos. Él sabe también cómo mataron a esos jóvenes", sostiene.
"Los mataron –insiste–. Escuché al gobernador (de Guerrero, Ángel Aguirre) decir que tenía esperanza de que estuvieran con vida. ¡Qué hipócrita! Él sabe perfectamente que los mataron y sabe cómo los mataron", sentenció Solalinde.
"Él dijo también que estaba trabajando el equipo Argentino de Antropología Forense (que ha investigado otras masacres en América Latina y llegó a México a pedido de los familiares y líderes humanitarios) y que les habían dado todas las facilidades. Pero cómo pueden trabajar con unos restos totalmente calcinados, que es sumamente difícil encontrar su ADN porque se altera, por el fuego".
Para retratar la vida que llevaban los alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Ayotzinapan, Guerrero, el padre Solalinde describe: "Hay que ir a un internado de esos (en los que viven los estudiantes agredidos) para darse cuenta de que están en la miseria, que no tienen siquiera algún confort para ellos mismos, no tienen nada".
Los estudiantes que fueron atacados por policías y narcos, de acuerdo con las primeras pesquisas, que arrojan hasta ahora unos 50 detenidos, la mayoría policías municipales y algunos narcotraficantes, y casi 15 fosas clandestinas con restos humanos que hasta la fecha no coinciden los registros genéticos de los desaparecidos.
"Estos jóvenes son muy politizados, porque tienen una conciencia desde abajo, son contestatarios. En un momento dado pueden confrontar la gestión pública", explicó Solalinde sobre la combatividad de los aspirantes a maestros rurales.
Los testigos de Solalinde
El testimonio de los testigos "lo están dando a personas muy conocidas en México, que están investigando y han despertado la confianza de ellos. A mí me lo contaron y me lo confiaron. Todo lo que yo sepa, si es para el esclarecimiento de la verdad, lo voy a decir, salvo que afecte a terceras personas", aclaró.
Los testigos y sobrevivientes confiaron detalles al sacerdote, quien el martes tuvo contacto con otro joven que estaba entre los 80 estudiantes agredidos a balazos la noche del 26 de septiembre y la madrugada siguiente.
"Quiero describirlo. Esta persona, es un joven totalmente indígena. Es el rostro de nuestra gente sencilla, morena, bajito, delgado. Y me dijo: yo estuve allí, me salvé de milagro. Nunca esperábamos que nos fueran a atacar y a disparar, como si fuéramos un ejército. Así nos trataron. Logramos huir y vimos muchas cosas".
"Me dijo también –prosigue el laureado defensor humanitario– ‘tengo la esperanza de encontrar vivos a nuestros compañeros’", recuerda el encuentro con el sobreviviente.
"Pero no es lógico, basándome en los testimonios de esta otra persona (vinculada a la policía) que vio que los que habían quedado vivos, heridos, los quemaron vivos y los mataron. Esos detalles no se los dije a él, pero le dije que todos están muertos. Y comenzó a llorar y llorar", prosiguió el relato.
El sacerdote enfatiza que el testigo que afirma que los estudiantes fueron asesinados es parte de los agresores: "Es una persona que tiene mucho miedo y estaba hablando. Pero sabe que si se sabe que hablaron, los van a matar. A los estudiantes los mataron, es lo que esta persona está diciendo. Los calcinaron con diésel".
El sacerdote considera que la versión ofrecida por las autoridades hasta la fecha pretende deslindar a los policías de los narcotraficantes: "Quieren dar la impresión de que fue algo temperamental de la señora del alcalde de Iguala, que estaba dando su informe de labores (la noche del 26 de septiembre), que lanzaba su campaña, que hace berrinche, que se queja con su esposo".
La explicación oficial indica que "su esposo (el alcalde) que es un asesino, ordena reprimir. Pero qué casualidad que llegan a matar, a tirarles. Y luego los llevan a otro lado los policías de Iguala a entregarlos a otro municipio (Cocula) y después a los Guerreros Unidos, al cartel del crimen organizado, a los delincuentes. Y que los entregaron vivos y no saben qué paso".
"Es una manera de lavarse las manos", sentencia Solalinde.
La revelación de los testimonios ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña dijo que "el sentimiento colectivo de indignación, de dolor y de coraje demuestra que los mexicanos estamos unidos, que somos solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos, y lo más importante, demuestra que rechazamos la violencia"
El clima de descontento se extiende cada día y el lunes causó la destrucción del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero y otros edificios públicos por manifestantes que acompañaban a los familiares en la capital estatal, Chilpancingo, a medio camino entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco.
La declaración presidencial es emitida un día después de que expertos forenses descartaron que 28 cuerpos calcinados encontrados, el domingo 6 de octubre, en fosas clandestinas, en los cerros que rodean Iguala, sean de los 43 estudiantes desaparecidos.
Las esperanzas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han renacido, pero surgió una nueva incógnita sobre quiénes son los muertos en esas fosas, mientras se analizan otras cuatro encontradas el 9 de octubre y un grupo más de entierros clandestinos anunciado el martes por la noche, por el procurador general Jesús Murillo, sin mayores detalles. Otros cuatro entierros fueron revelados este miércoles por campesinos.
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