La Administración Biden envía al Congreso de EE.UU. un conjunto exhaustivo de solicitudes para confiscar los activos de empresarios rusos, a los que el propio presidente Joe Biden calificó de "oligarcas" en una rueda de prensa este jueves. La Casa Blanca busca, con la venta de estos bienes, crear un fondo para destinarlo al abastecimiento del Ejército de Ucrania, apoyar su economía y ayudar los millones de refugiados ucranianos.
Biden ha solicitado también a los legisladores desembolsar 33.000 millones de dólares adicionales, incluidos 20.000 millones de dólares en asistencia militar y 8.500 millones en asistencia económica. Además, quiere que los legisladores le autoricen imponer más sanciones contra el Gobierno ruso y quienes, presuntamente, se benefician de sus vínculos con él.
A su vez, el miércoles la Cámara de Representantes aprobó por una mayoría abrumadora un proyecto de ley que permite al Ejecutivo estadounidense vender los activos de lujo congelados en virtud de las sanciones antirrusas. Los legisladores quieren que los fondos obtenidos por esta venta se inviertan en la asistencia a Ucrania. Se trata de activos que sus propietarios han conseguido, supuestamente, gracias al apoyo de las autoridades rusas y que suman un valor superior a los 5 millones de dólares.
EE.UU. es el segundo país de Occidente en impulsar medidas para requisar los bienes pertenecientes a Rusia o ciudadanos rusos. El Gobierno de Canadá informó el martes que planea enmendar su ley de sanciones con tal que los recursos confiscados se redistribuyan para reconstruir Ucrania e indemnizar a las víctimas de la operación militar que Rusia lleva a cabo desde finales de febrero.
La aprobación del proyecto estadounidense, con el apoyo de 417 congresistas frente a 8 que votaron en contra, reflejó las "ganas bipartidistas en el Capitolio" de que la Administración Biden adopte una "postura más agresiva" respecto a Rusia, valoran en The New York Times.
Por otra parte, Moscú ha advertido que no dejará sin respuesta todas las medidas dirigidas en su contra, incluida esta posible confiscación. "El bloqueo de los países occidentales, y otros estados, a los activos rusos es un robo manifiesto", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
"Es difícil de atribuirlo a un marco legal específico"
"Las sanciones no son tanto una herramienta legal como una de la política exterior", opina la abogada Yekaterina Dújina (Moscú), cuyas palabras recoge la emisora BFM. A su juicio, es "difícil de atribuir la forma en que los países, individualmente, actúan respecto a la propiedad y especialmente a las personas que están bajo sanciones a un marco legal específico".
La jurista recuerda que las personas con sus bienes congelados en Occidente pueden, apoyándose en la presunción general de inocencia, demostrar "que no estuvieron involucradas en actividades corruptas", mientras que las leyes en cuestión, "según muchos abogados, son contrarias no sólo a la legislación nacional, sino también a los convenios internacionales sobre la protección de los derechos de propiedad".
La legislación en materia de sanciones "se está desarrollando con tanta rapidez hoy en día que la mayoría de los líderes de opinión simplemente no entienden a qué rama del derecho nos estamos moviendo".
Hubo precedentes exitosos de litigios contra la confiscación y Dújina considera que "es necesario demandar". En opinión de la abogada, no es tan temible la ley, aprobada en la primera instancia el miércoles, como la posible práctica de su implementación.
A Dújina le "inspira cierto optimismo" el caso de Italia, donde no confiscan definitivamente, sino que bloquean las propiedades durante un tiempo sin venderlas en beneficio a un tercer país. La jurista rusa espera que cuando las armas dejen de sonar, el derecho funcione.
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