Tras el ofrecimiento de ayuda del presidente de EE.UU., Donald Trump, a México para combatir a los cárteles de la droga después de la masacre en el estado de Sonora de la familia LeBarón, de doble nacionalidad, los focos rojos se han encendido en ambos lados de la frontera.
Por un lado, está la negativa inmediata del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el asunto debe ser atendido por el Gobierno de México "de manera independiente" y haciendo valer su soberanía. No obstante, permitirá a las autoridades estadounidenses acceder a la investigación de los asesinatos en reciprocidad a la misma medida adoptada por el Ejecutivo de Trump tras el atentado contra mexicanos ocurrido en El Paso, Texas (EE.UU.), en agosto pasado.
Por el otro, está el llamado de congresistas y medios de EE.UU. a intervenir militarmente en México para contener lo que calificaron como "actos terroristas" de los cárteles de la droga.
Pero ¿hasta dónde es posible la intervención de EE.UU. en México bajo el argumento del combate a la inseguridad y el narcotráfico que afecta a ambas naciones?
Para Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el área de Derecho Constitucional, la cooperación entre fuerzas policiales es uno de los escenarios que se barajan.
"La intervención sería posible en el intercambio de información entre las agencias norteamericanas y las instituciones mexicanas como la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Me parecería totalmente incorrecto que el Gobierno norteamericano decida, y que México acepte, una intervención militar para perseguir a cárteles de la droga o el crimen organizado", señala el académico a este medio.
En este sentido, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dio el primer paso el pasado martes al ofrecer su apoyo en las investigaciones del Gobierno mexicano sobre el ataque. El ofrecimiento aún está bajo análisis, pues será la Fiscalía General de México la encargada de determinar si se requiere o no el apoyo del FBI u otra dependencia estadounidense, según informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
La posible cooperación del FBI cuenta además con voces de apoyo desde la Cámara Alta mexicana, bajo el argumento de que existe en tratados internacionales. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado mexicano y líder de la bancada del partido oficial Morena, dio su espaldarazo a la colaboración de la agencia estadounidense bajo "límites muy claros".
"No me resulta extraño ni preocupante, ni tampoco debe de ser un mito o un dogma el no aceptar colaboración con órganos de inteligencia de EE.UU., siempre y cuando no vulneren la soberanía y sean convenios muy claros en sus alcances, en sus límites; pero a mí no me genera ninguna preocupación de carácter ideológico", explicó el político.
"No me resulta extraño ni preocupante, ni tampoco debe de ser un mito o un dogma el no aceptar colaboración con órganos de inteligencia de EE.UU., siempre y cuando no vulneren la soberanía y sean convenios muy claros en sus alcances, en sus límites; pero a mí no me genera ninguna preocupación de carácter ideológico", explicó el político.
Detener las armas procedentes de EE.UU.
Por su parte, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las armas con las que se perpetró el ataque contra las familias mormonas, en el que fueron asesinadas tres mujeres y seis menores, fueron fabricadas en EE.UU. "En las primeras pesquisas en la recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos punto 223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana, este es uno de los datos más relevantes", dijo.
En este sentido, el canciller Ebrard señaló que el Gobierno mexicano colaborará con el FBI para rastrear cómo fue que las armas utilizadas en la agresión ingresaron a territorio mexicano.
"El canciller debe revisar con el Gobierno de EE.UU. todos los tratados que tenemos en la materia y establecer compromisos puntuales y mecanismos de evaluación, como ellos revisan periódicamente hasta dónde está cumpliendo México con la reducción de la migración de Centroamérica hacia EE.UU."
Este aspecto, destaca el experto consultado por RT, es fundamental en caso de que EE.UU. busque ayudar a México en el combate al crimen organizado.
"México ha insistido en la colaboración del Gobierno de EE.UU. para evitar la entrada de armas y no hemos tenido éxito nunca en esa colaboración. Las autoridades norteamericanas dicen que van a reducir la posibilidad de que los cárteles de la droga introduzcan armas desde EE.UU a México, pero las armas siguen entrando de manera ilegal sin tener el apoyo suficiente de los norteamericanos, ese apoyo es muy importante", explica.
En México casi el 80 % de los incidentes de violencia con armas de fuego se realiza con armas provenientes de su vecino del norte. De acuerdo con estimaciones del Gobierno mexicano, cada año entran 200.000 armas ilegales provenientes de EE.UU.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, si la Administración Trump busca coadyuvar con México debe hacerlo, precisamente, bajo el acuerdo de un plan contra el tráfico de armas. "Yo le tomaría la palabra a Donald Trump, pero en el sentido de tener mayor cooperación para detener el tráfico ilegal de armas a México", expresó.
Esta medida ha sido impulsada por la Cancillería mexicana desde septiembre pasado tras lo que considera una correcta evaluación por parte de EE.UU. del plan migratorio implementado por México para contener el flujo migratorio desde Centroamérica.
Para Cárdenas es necesario establecer obligaciones y mecanismos de evaluación para evitar el ingreso de armas a México. "El canciller debe revisar con el Gobierno de EE.UU. todos los tratados que tenemos en la materia y establecer compromisos puntuales y mecanismos de evaluación, como ellos revisan periódicamente hasta dónde está cumpliendo México con la reducción de la migración de Centroamérica hacia EE.UU.", explica.
En octubre pasado, ambos países acordaron una estrategia para congelar el tráfico de armas, que sería puesta en marcha a la brevedad sin que eso haya sucedido hasta ahora.
Vigilar la procedencia de los recursos
El flujo desmedido de armas es una buena parte del problema que la cooperación estadounidense podría atenuar, pero no toda. También está la información generada de la vigilancia del origen de los recursos financieros que ingresan a la banca de EE.UU.
"Es impensable cualquier tipo de intervención militar o permitir la entrada de agentes del FBI o la CIA, aunque sabemos que están presentes en territorio mexicano, pero no debe ser reconocida en tareas que corresponde atender a las fuerzas de seguridad de México".
Desde el año 2003, existe un acuerdo de cooperación mutua entre los gobiernos de México y EE.UU. para el intercambio de información respecto de transacciones en moneda realizadas a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas.
"Pueden darle información a México sobre cuentas bancarias de procesos de lavado de dinero que realizan los cárteles mexicanos en las instituciones financieras de EE.UU. o en paraísos fiscales donde tienen influencia, ese es otro tipo de colaboración, una colaboración como la que debe existir entre dos países que deben respetar la soberanía mutua. Desde luego es impensable cualquier tipo de intervención militar o permitir la entrada de agentes del FBI o la CIA, aunque sabemos que están presentes en territorio mexicano, pero no debe ser reconocida en tareas que corresponde atender a las fuerzas de seguridad de México", resalta el investigador.
Desde el mensaje de Trump, el Gobierno mexicano no ha descansado en calmar el temor de la injerencia estadounidense en su territorio. Sin embargo, la andanada del estadounidense no ha dejado de levantar suspicacias.
Julio Astillero, un destacado columnista mexicano, ve en el asomo de Trump una oportunidad para agrandar "sus banderas electorales", a la vez que insiste en la "simulación de una buena relación con el Gobierno mexicano". En el fondo, escribe Astillero, el lance del presidente de EE.UU. es una forma de descalificación de lo hecho por la actual Administración mexicana en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado.
López Obrador ha insistido en que el planteamiento de su homólogo en EE.UU. fue 'estamos en disposición de ayudarles cuando ustedes lo decidan, cuando ustedes lo determinen', y continúo: "A los conservadores les gustaría que vinieran de otros países a atender asuntos que nos corresponden. Ya lo han hecho en otros tiempos, han ido a buscar hasta príncipes al extranjero y hasta ejércitos, y nos han invadido".
¿Ha pasado alguna vez?
Durante la Revolución Mexicana (1910 - 1917), se realizó la llamada 'Expedición Punitiva'. Se trataba de una campaña militar que el Gobierno de EE.UU. llevó a cabo en México para capturar al jefe revolucionario Francisco Villa, quien había atacado el poblado estadounidense de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916.
"Tendría que tomarse con la aprobación del Senado y esa decisión, además, tendría que ser evaluada en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de Nación".
Así, el Gobierno de EE.UU. autorizó una expedición de 10.000 soldados a cargo del general John J. Pershing. "El general Pershing persiguió a Villa por todo el estado de Chihuahua (norte de México) sin encontrarlo, desde entonces no ha habido expediciones como esas en territorio mexicano. Creo que sería totalmente inaceptable pensar en cualquier tipo de intervención por parte del Ejército o las fuerzas de seguridad norteamericanas en México para enfrentar al crimen organizado", acota el académico.
De hacerlo, sería una declaratoria de guerra y México tendría derecho a la legítima defensa, pero "sería una barbaridad, un escenario inaceptable", advierte.
La Carta Magna de México prohíbe la presencia militar de una nación extranjera en su territorio, "jurídicamente es imposible", subraya Cárdenas. "En todo caso es una decisión que no podría tomar el presidente de la República, tendría que tomarse con la aprobación del Senado y esa decisión, además, tendría que ser evaluada en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de Nación".
Paola Morales
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