Las restricciones con las que China respondió a la ley estadounidense sobre Hong Kong dejan entrever que, a partir de ahora, todos los intentos de Washington de interferir en los asuntos internos del gigante asiático van a provocar una reacción dura de Pekín, considera el politólogo ruso Alexéi Mujin.
El presidente estadounidense, Donald Trump, promulgó el 27 de noviembre la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, en apoyo a los manifestantes. Esta legislación se introdujo con el objetivo de preservar los derechos y la autonomía de la región especial de China.
Se trata de un precedente suficientemente peligroso: de la interferencia en los asuntos internos de China. La ausencia de reacción por parte de las autoridades chinas habría sido percibida como una debilidad", aseveró en una entrevista a Sputnik el director general del Centro de Información Política, Alexéi Mujin.
El politólogo ruso considera que Pekín todavía actúa de manera bastante cautelosa. La respuesta china (...) no afecta a las prioridades vitales de la política estadounidense, pero representa "un golpe al ego" estadounidense.
"EEUU abusa de las sanciones contra distintos países. Sus intentos dirigidos a endurecer la presión van a provocar respuestas recíprocas por parte de China", destacó.
Zhang Jiadong, analista del Centro de EEUU de la Universidad de Fudan, comparte la opinión de su colega. Considera que el Gobierno chino intenta reaccionar de manera cautelosa y reservada a la actitud tan poco amistosa de Washington. No solo China, sino otros países del mundo vigilan atentamente desde hace tiempo las actividades realizadas por ONG como la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy) y Human Rights Watch.
"Muchos países ponen en tela de juicio la correspondencia de sus actividades con sus declaraciones. De ahí que las sanciones de China contra estas organizaciones vayan a ser percibidas con comprensión por parte de la comunidad internacional", destacó.
Hong Kong no es la única región china en cuya situación interna Washington trata de interferir. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley el pasado 3 de diciembre que exhorta a que la Administración Trump responda de una manera más dura a los informes acerca de la detención masiva de los uigures —minorías musulmanas— en los campos de reeducación en Xinjiang. Esta ley todavía debe ser aprobada por el Senado y firmada por Donald Trump.
Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, la situación en Xinjiang no tiene nada que ver con la etnia, la religión o los derechos humanos.
"Más bien se trata de la lucha contra los brotes de terrorismo y separatismo", declaró.
El veto a la entrada de diplomáticos estadounidenses en Xinjiang puede ser una de las maneras con las que China responda a este proyecto de ley, considera Hu Xijin, editor jefe del periódico Global Times.
El paquete de sanciones introducido por China incluyó la prohibición a la entrada de buques militares y aeronaves en el espacio marítimo y aéreo de Hong Kong. El último buque militar en visitar esta región en abril fue el USS Blue Ridge, que tiene su base en Japón. La nave entró en el espacio marítimo de Hong Kong poco antes de que empezaran las protestas multitudinarias.
Además, Pekín impuso sanciones que restringen las actividades realizadas por parte de varias ONG de EEUU, como la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), el Instituto Republicano Internacional (International Republican Institute), Human Rights Watch y Freedom House.
En Pekín consideran que varios hechos y testimonios han demostrado que estas organizaciones apoyan los disturbios en Hong Kong e impulsan a los manifestantes a realizar actividades extremistas, violentas e ilegales.
Por ahora no está claro cómo la diferencia de posturas de Pekín y Washington acerca de la situación en Hong Kong va a influir sobre sus negociaciones comerciales, pero el mundo lo sabrá el 15 de diciembre. Esta fecha es el plazo límite que Washington ha establecido para llegar a un acuerdo con el gigante asiático. Si ambas partes no firman el documento, EEUU introducirá aranceles adicionales del 15% a las importaciones chinas por valor de 156.000 millones de dólares, según confirmó el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross.
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