México denuncia la “excesiva presencia” de seguridad cerca de su embajada en Bolivia y pide al gobierno ‘de facto’ de Añez que respete la Convención de Viena.
El Gobierno de México “expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre”, manifestó la Cancillería mexicana mediante un comunicado emitido el lunes.
La nota llama al gobierno de facto de Bolivia, de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, a “respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” que a la letra dice: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.
México también envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual señala que los elementos de seguridad bolivianos, más que proteger, han intimidado a su personal diplomático destacado en el país andino. La misiva, en concreto, hace referencia a un hecho ocurrido el lunes en que las fuerzas de seguridad bolivianas intentaron detener e inspeccionar el vehículo oficial de la embajadora mexicana Teresa Mercado.
El depuesto mandatario boliviano, Evo Morales, ha denunciado que el gobierno de facto sigue “estilo de la dictadura militar”, pues “utiliza drones que violan su espacio aéreo (de la residencia mexicana) para amedrentar y poner en riesgo la seguridad de los asilados”.
Después de que Morales dimitiera a su caro de manera forzada el 10 de noviembre y partiera dos días después a México, una veintena de personas ingresó en la embajada del país azteca en La Paz, capital de Bolivia, para solicitar asilo político.
Aquel entonces, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó su compromiso de trasladar a México a los que se refugiaban en la misión diplomática en La Paz.
El Gobierno mexicano repudió el golpe de Estado contra Morales y se ha negado a reconocer a Áñez como presidenta de Bolivia.
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