La inhabilitación de Juan Guaidó por parte de la Contraloría de la República por 15 años para ocupar cargos públicos llega un día después de que el autoproclamado presidente de Venezuela convocase a sus seguidores para poner a prueba su “Operación Libertad”: un simulacro en la calle para ejercer más presión contra Nicolás Maduro.
Sin embargo, tal y como señala a Sputnik la abogada venezolana y Magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, Ana Cristina Bracho, “lo que hoy anunció el Contralor General, Elvis Amoroso, es el resultado de una investigación que había sido abierta y anunciada el 11 de febrero y se corresponde con la responsabilidad administrativa que tienen todos los funcionarios públicos”.
Quien actúa, según la abogada, “es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales; y su régimen es constitucional según el artículo 287 en adelante”.
Guaidó fue inhabilitado por “inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional” y por “los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida”, que no corresponden con “el que puede financiar un funcionario diputado”, dice el fallo.
Guaidó no tendría inmunidad parlamentaria para ser investigado puesto que “hay un régimen constitucional claramente establecido en el que se determina como una incompatibilidad que los diputados reciban honores o privilegios de gobiernos extranjeros”.
Bracho asegura que están obligados a declarar desde el momento en el que comienzan su trabajo en la Administración Pública. “La omisión de la declaración jurada de patrimonio es una infracción formal a las obligaciones de la Contraloría”, concluye.
Amoroso señaló que se presume que Guaidó “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio ya que no ha ofrecido información al respecto. Según el Contralor, habría incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales (en total 91 viajes) así como de hoteles dentro y fuera de Venezuela. En total habría gastado 570 millones de bolívares sin justificar (179.000 dólares).
Para el analista político del portal web de investigación Misión Verdad, Bruno Sgarzini, la inhabilitación de Guaidó “es el paso siguiente a lo que ya se ha hecho que es un pedido de investigación judicial al Ministerio Público. Ya hay un pedido de investigación al Tribunal Supremo de Justicia, y eso puede derivar en una orden de detención contra Guaidó”, sentencia.
Para el politólogo, esta decisión se da en un escenario muy tenso donde el autoproclamado presidente encargado intenta imponer un relato desconocido por el resto de instituciones venezolanas que están en funcionamiento y que reconocen a Nicolás Maduro como presidente.
“Eso podría tener consecuencias inmediatas en la acumulación de delitos para Guaidó”, continúa Sgarzini, “en un contexto en el que se está jugando el todo por el todo”.
Para el analista de Misión Verdad, la inhabilitación de Guaidó podría ser utilizada como elemento de negociación en un posible escenario de diálogo entre las partes, ya que ante un posible contexto electoral, el líder de Voluntad Popular no podría presentarse como candidato.
Esta situación no es nueva, algo parecido ocurrió durante las negociaciones en República Dominicana en 2017 y 2018, cuando la oposición puso sobre la mesa como condición sine qua non la rehabilitación política de Henrique Capriles o Leopoldo López para desarrollar la instancia de diálogo.
La inhabilitación política de Juan Guaidó por 15 años (el máximo permitido en Venezuela) llegaría además cuando “su poder se está mermando”, señala Sgarzini, “y está pidiendo a sus seguidores que aprovechen los apagones para protestar y ejercer una presión máxima en la calle ante lo que ha denominado como ‘Operación Libertad’”.
El “simulacro“ convocado para el 6 de abril sería “su tercer día ‘D’ y si no lo consigue quedaría sensiblemente debilitado y con una capacidad política muy menguada, lo que permitiría que se le aplique la ley más fácilmente”, agrega.
Sin embargo, EEUU ya ha dicho que cualquier acción contra Guaidó “tendría una reacción inmediata”.
Por su parte, el líder opositor se enteró de la noticia mientras participaba en un acto en el Colegio de Ingenieros de Caracas e hizo pocas referencias a su inhabilitación en el discurso, asegurando que “el supuesto Contralor no existe, la Constituyente no existe y nada de eso existe”.
El Ministerio Público venezolano ya ha abierto dos investigaciones al diputado del partido Voluntad Popular y sobre él pesan además medidas cautelares, entre las que se encuentran la congelación de bienes en sus cuentas y la prohibición de salida del país que fue incumplida el pasado 23 de febrero cuando cruzó a Colombia para tratar de ingresar ilegalmente ayuda humanitaria al país.
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