El jueves, el presidente de EEUU, Donald Trump, tras acusar a Pekín de obligar a compañías privadas chinas a apoyar sus actividades militares y de seguridad, emitió un decreto ejecutivo que entrará en vigor a partir del 11 de enero para prohibir la inversión en empresas que estén vinculadas a las Fuerzas Armadas de China.
“Catalogar a estas empresas como controladas por los militares supone ignorar los hechos. No tiene base ni principio legal alguno, con lo que China se opone firmemente”, ha denunciado este lunes un portavoz del Ministerio chino de Comercio, que habló bajo condición de anonimato.
En un comunicado publicado en la página web de la referida Cartera china, el portavoz ha instado a EE.UU. a poner fin a la “represión irracional” de las empresas afectadas y proporcionar un entorno comercial justo y “no discriminatorio”.
Tras arremeter contra EE.UU. por recurrir al pretexto de proteger su seguridad nacional para vetar a las empresas chinas o impedir la entrada de inversores estadounidenses en el mercado del gigante asiático, la fuente advierte que tales medidas suponen una “violación grave” de los principios de competencia del mercado.
De hecho, asegura que las empresas chinas operan en otros países en conformidad con sus leyes y regulaciones pertinentes. “Las acciones de unos pocos no podrán reprimir las fuerzas del mercado”, agrega.
Trump ha impuesto varias rondas de sanciones contra empresas chinas, entre ellas contra el gigante de las telecomunicaciones Huawei, acusándolo de coadyuvar en actividades de espionaje para el Gobierno de China. Incluso, ha pedido al país asiático que limite el crecimiento de sus compañías estatales.
China rechaza las acusaciones de EE.UU. y promete fortalecer el desarrollo tecnológico del país para lograr convertirlo en una “potencia científica y tecnológica”.
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