"La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada", dice el escrito.
La Cancillería también aclaró: "un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar".
La posición oficial de Argentina con relación a la situación en Venezuela seguirá siendo la de aportar a que se reestablezca un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional.
"Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto", añade el comunicado.
También propone la inclusión de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales.
Para Argentina, "las sanciones [impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea] han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos".
En enero de 2020, cuando la administración de Alberto Fernández llevaba menos de un mes en el poder, el canciller Felipe Solá adelantó que Argentina participaría en el Grupo de Lima, pero las diferencias hacia adentro del bloque regional quedaron expuestas en octubre de ese año, cuando se publicó el informe sobre Venezuela elaborado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ese organismo, Michelle Bachelet.
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