CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En uno de los recientes anuncios del sitio de bienes raíces Trovit se leen ofertas como ésta: “Excelente terreno de 10 mil metros cuadrados, excelente ubicación atrás de Walmart. Ideal para centro comercial o bodegas de servicio para el aeropuerto… Bardeado, cuenta con luz, agua, oficinas de 200 metros, caseta de vigilancia de 50 metros cuadrados. Techado firme. 35 millones de pesos”.
Como éste, hay otros que se ofrecen en 32 millones, de 1 a 100 hectáreas, en la carretera Texcoco-Calpulalpan; o hasta en 60 millones de pesos sobre la carretera Lechería-Texcoco, “a unos pasos del nuevo aeropuerto” de la Ciudad de México.
Según la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Texcoco, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha disparado la especulación inmobiliaria en esta zona conurbada a la capital, a tal grado que el valor de los terrenos se duplicó. Lo que antes costaba 2 mil 500 pesos por metro cuadrado, ahora vale 5 mil.
No es el único caso. En San Salvador Atenco, en Teotihuacán, en Chimalhuacán, junto con las comunidades de Santa Isabel Ixtapan, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo la especulación y el acaparamiento de la tierra de los ejidos y comunidades aledañas a la zona del NAIM se han convertido en un negocio más grande y conflictivo que el nuevo aeropuerto, cuyo costo asciende ya a 285 mil millones de pesos, tan sólo en la primera de sus dos fases.
Para representantes de ejidos, ambientalistas, especialistas y conocedores de la zona oriente del Valle de México, no son los aviones sino los terrenos el auténtico gran negocio en torno al NAIM.
Así lo expresaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que en la casa de transición del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los foros realizados en el Club de Periodistas denunciaron el despojo de más de 500 hectáreas del cultivo en los parajes de Xalapango y El Paraíso por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el consorcio responsable de la construcción del NAIM.
Habitantes del ejido de Santa Isabel Ixtapan entregaron al reportero denuncias del comisariado ejidal contra el GACM porque “las parcelas de nueva creación 1210 y 1211 no se las venderemos hasta en tanto no cumplan con los compromisos contraídos con el ejido, como son las obras y la compra-venta de parcelas individuales de nuestros ejidatarios que no han vendido”.
Desde junio de 2016, los ejidatarios de Santa Isabel Ixtapan, perteneciente al municipio de Atenco, demandaron el entubamiento de las aguas provenientes de la termoeléctrica y de los consorcios inmobiliarios ARA y GEO “que llegan sin tratar, hasta la planta tratadora de la ampliación de Nueva Santa Rosa y almacenarlas en un estanque”.
Muchos años de especulación
El inicio de la gran compra de las tierras aledañas al exlago de Texcoco inició en octubre de 1999 y se prolongó hasta 2015. Durante esos 16 años los gobiernos de Arturo Montiel y de Enrique Peña Nieto mandaron operadores y prestanombres a adquirir terrenos y parcelas a un promedio de 45 a 120 pesos el metro cuadrado, en la zona de más de 370 hectáreas cercanas al NAIM.
Habitantes de San Salvador Atenco señalan que quienes emprendieron la compra fueron personajes como Alejandro Ozuna Rivero, secretario de Gobierno de la administración de Alfredo del Mazo Maza, Rafael Robles Nava y Valentín Aguilar, entre otros.
También, dice, participaron empresarios como Juan Armando Hinojosa Cantú, Ricardo San Román, Luis Ernesto y Anuar Maccise, Roberto Alcántara Rojas, Carlos Peralta Quintero, Alfredo Miguel Afif y Carlos Hank Rhon.
Los predios adquiridos coinciden con la zona urbanizable de 431 hectáreas que colindan con el NAIM en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco.
En este perímetro se planea construir una gran aerotrópolis, así como un nuevo centro habitacional, comercial y de negocios al estilo de Santa Fe que abarcará 375 de las 431 hectáreas y “ofrecerá oportunidades de desarrollo para bienes raíces comerciales de clase mundial para atender a los viajeros… la ubicación estratégica de desarrollos comerciales, parques empresariales y zonas libres de comercio”, según el GACM en su solicitud entregada en 2015 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su evaluación y aprobación.
El GACM sólo menciona este proyecto como parte de las “obras complementarias” al NAIM, pero el estudio de riesgo presentado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México amplía los alcances de este gran proyecto, que incluirá hoteles, centros comerciales, centros de convenciones y plazas.
“Constará inicialmente de alrededor de 500 mil metros cuadrados de desarrollo (mitad de hoteles y mitad de espacio comercial), con un aumento cada año de alrededor de 100 mil a 250 mil metros cuadrados, con una capacidad total de desarrollo de alrededor de 6 millones de metros cuadrados o una población de alrededor de 250 mil empleados. Los supuestos en altura y volumen limitan el desarrollo vertical a 10 niveles (casi 40 metros) y la proporción de área de suelo a 3:1. Se planea que la mayoría de los edificios sean de cinco a seis niveles, con una cobertura de lote 50 a 60%”, indica el estudio.
Esta aerotrópolis prevé la construcción de dos estaciones de tren y una de Metro, así como pasos a desnivel, “rutas de autobuses, parques y vías peatonales”, y una nueva autopista que “proporcionará una nueva conexión de ésta a la avenida Circunvalación”. El servicio de Metro conectará al NAIM con alguna de las líneas ya existentes en la Ciudad de México (1, 5 o 9).
“Conforme se expanda Aerotrópolis, se agregará una línea de Metro. Esta segunda ruta operaría de manera subterránea. Conforme Aerotrópolis se expanda se construirán cinco estaciones de Metro en el área”, prevé el GACM.
Según Damián McAnally, quien participa en la organización México Sostenible y escribió un ensayo sobre la futura aerotrópolis –difundido en la página del gobierno electo–, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat omitió mencionar “los impactos negativos de índole ambiental que podría tener y, por tanto, también cualquier cosa que hable de medidas de mitigación y compensación que lo acompañan”.
Y añade: “La urbanización de un predio de este tamaño tiene varias implicaciones en cuanto al consumo de agua, energía, manejo de residuos y otro tipo de impactos negativos, como la congestión vehicular. Por lo tanto, omitir deliberadamente la Aerotrópolis de la MIA equivale a que esté exenta de un proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Compra de predios de la Conagua
Desde el sexenio de Felipe Calderón otra vía para el acaparamiento de los terrenos aledaños del NAIM fue la adquisición paulatina, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de predios en los ejidos de Santa María Chimalhuacán, San Luis Huexotla, Santa Cruz de Abajo, San Bernardino (del municipio de Texcoco), Santa Isabel Ixtapan, San Cristóbal Nexquipayac y Francisco I. Madero (pertenecientes a Atenco) con el pretexto de que se desarrollarían suelos menos vulnerables a la erosión eólica con cubierta vegetal o acuática.
La “compra silenciosa” de terrenos por la Conagua –denuncian los ejidatarios– ha logrado acaparar 663 títulos de propiedad en estos municipios para levantar el Parque Ecológico Lago de Texcoco y proyectar la construcción de un monumental predio “que puede contener 43 veces el Central Park de Nueva York y 23 veces el Bosque de Chapultepec”, según estableció el Libro Blanco de la Conagua sobre este proyecto, fechado en 2012. La Conagua planea adquirir un total de 2 mil 929 hectáreas.
En su libro Política, negocios y poder. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el exsenador y futuro subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, refiere que en 2008 asambleas ejidales de Hidalgo, Carrizo y Chimalhuacán aceptaron vender a 119 pesos el metro cuadrado de sus tierras a la Conagua, y en 2013 otros ejidos, como San Felipe, San Bernardino, Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapa vendieron sus tierras por 157 pesos el metro cuadrado.
Encinas subraya que esta estrategia “fue un engaño que le permitió al gobierno federal instrumentar con gran sigilo una operación inmobiliaria que conformó una red de complicidades entre los gobiernos del PAN, y del PRI, acompañada por el gobierno del Estado de México y por particulares que tuvieron acceso a información privilegiada”.
Minas y huachicol
El recorrido realizado por los futuros secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; de la Semarnat, Josefa González Blanco, y de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, por cinco municipios colindantes con el NAIM documentó públicamente otro gran negocio: la explotación de minas de arena, grava, tezontle y tepetate; materiales que son requeridos para la construcción del NAIM.
Desde octubre de 2015 proliferaron en el nororiente del Valle de México las minas de basalto y tezontle –157– en un radio de 50 kilómetros alrededor del NAIM. Los habitantes de los municipios contiguos denuncian que hay muchas más, las cuales afectan el medio ambiente, ponen en riesgo las zonas habitacionales y operan de manera clandestina.
“Seis mil camiones diarios trasladan materiales de las minas”, advirtió Jiménez Espriú, consultado por Proceso tras su visita del miércoles 10, en la que estuvo acompañado de reporteros y cámaras televisivas. Ahí se enfrentó verbalmente con María Susana Godínez, apoderada legal de una mina de tezontle, propiedad de la empresa Martínez Villegas, que explota 42 hectáreas entre Teozoyuca y Chiautla. Godínez argumentó que estaban “invadiendo” propiedad privada, y corrió al ingeniero y a los reporteros.
Los pobladores se quejaron por la grave afectación ecológica de la zona y el florecimiento de la venta ilegal de combustible o huachicol para los 6 mil camiones que diariamente trasladan materiales para la construcción del NAIM.
La mina es propiedad de René Martínez, empresario cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto, y forma parte de una red de más de 60 minas que están explotándose en la zona, de las cuales sólo 10 tienen concesiones en regla, según informó el equipo del gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador.
La empresa Martínez Villegas inició su actividad minera en 1990 con la extracción de materiales para la construcción. De acuerdo con el directorio del sector minero de la Secretaría de Economía, explota Cerro Grande y San Pedro, en Acolman, Globo Azul y La Lupita, en Chicoloapan, La Guadalupana y La Magdalena en Ixtapaluca, así como otra mina en Tlahuico. No aparece en este registro la ubicada en Teozoyuca.
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