La alianza internacional busca convertirse en el principal inversionista de la presa de energía hidráulica más alta del mundo, ubicada en la exrepública sovietica Tayikistán, con el objetivo político de reducir la dependencia del Asia Central con el suministro energético de Rusia, confirmaron a la agencia Reuters funcionarios de la Unión Europea.
Además, la estrategia en Tayikistán es también una respuesta a la Nueva Ruta de la Seda propuesta por China, con la que la potencia económica asiática busca invertir en desarrollo de infraestructura en 70 países con fines comerciales, reconocieron los funcionarios.
La presa, llamada Rogun, comenzó a construirse en 2016 por la firma italiana Webuild, con la que Dusambé busca consolidar su autonomía energética.
El Banco Europeo de Inversiones fue llamado por la Comisión Europea a convertirse en el principal inversionista de la estructura, cuyo costo total de construcción se estima en 8.000 millones de dólares.
Esta estrategia forma parte de las medidas que ha tomado la Unión Europea contra el Kremlin como represalia por la operación militar especial que sostiene en Ucrania desde el 24 de febrero.
Si bien el gobierno tayiko ha financiado gran parte del proyecto, también ha solicitado apoyo financiero y tecnológico a la Unión Europea para concluirlo.
Un funcionario de la Unión Europea, que solicitó el anonimato a la agencia noticiosa, explicó que uno de los objetivos de crecer la inversión en la presa es reducir la influencia rusa en el país exintegrante de la Unión Soviética, maniobra que forma parte de la intención general de Bruselas de fomentar la independencia energética de Moscú en Asia Central.
La presa Rogun, de acuerdo con las estimaciones, podría permitirle a Tayikistán vender energía eléctrica a sus vecinos Uzbekistán y Kazajistán, ambos clientes del gas ruso, mientras que Dusambé es uno de los principales compradores del petróleo de Rusia.
En cuanto a la estrategia china de fortalecer sus enlaces comerciales con el mundo, la Unión Europea destinó 300.000 millones de euros para desarrollar infraestructura alternativa en un programa de desarrollo que aseguran es más amigable con el medio ambiente que el de Pekín.
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