Este martes 12 de septiembre, el parlamentario Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes, anunció que había ordenado a un comité legislativo abrir una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden por su presunto vínculo con los negocios ilegales de su hijo Hunter.
El legislador dijo que la investigación hecha por la Cámara encontró una "cultura de corrupción" por parte de padre e hijo de la familia presidencial.
"Sabemos que los extractos bancarios muestran casi 20 millones de dólares pagados a la familia Biden y a individuos relacionados a través de varias empresas ficticias. Solo el Departamento del Tesoro tiene datos sobre más de 150 transacciones relacionadas con la familia Biden y sus socios comerciales que han sido marcadas como sospechosas", señaló el portavoz.
Indicó, además, que los legisladores creen que la información que han obtenido demuestra "abuso de poder, obstrucción [de la justicia] y corrupción".
De acuerdo a los republicanos, Hunter Biden, quien fue imputado por mentir al comprar un arma y enfrenta una condena por evasión fiscal, no solo no estaba registrado como cabildero, como lo requiere la ley estadounidense cuando se trata de lobistas para empresas extranjeras, sino que vendía la posibilidad de influenciar las políticas de la Administración federal norteamericana.
Ese es el caso con la empresa ucraniana de gas Burisma, en la que el hijo del hoy presidente participaba en la junta directiva, y donde el fiscal que investigaba el caso por delitos de corrupción fue despedido presuntamente tras la presión de Joe Biden.
Ante esta situación, el asistente especial del presidente Ian Sams, también asesor principal y portavoz de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, envió la mañana del 13 de septiembre un mail a los líderes de los principales medios norteamericanos con recomendaciones sobre cómo cubrir de ahora en adelante la investigación por juicio político al jefe de Estado.
El correo, que alegaba que las denuncias contra el presidente están "basadas en mentiras", incluía además un documento de 14 páginas con las posturas oficiales de la Casa Blanca sobre distintas acusaciones de los legisladores republicanos en torno al presunto caso de corrupción, y sugería que fuesen tomadas como información "útil" para los artículos periodísticos.
"Esperamos que este documento le ayude a disponer de información objetiva útil en su labor informativa sobre sus afirmaciones infundadas y sin precedentes que subyacen a una investigación de destitución sin ninguna prueba de irregularidades", dijo Sams.
La carta se envió a medios relevantes en la escena periodística estadounidense, como Fox News, CNN y The New York Times, entre otros.
La estrategia de la Casa Blanca fue ampliamente condenada por la prensa de EEUU, con USA Today afirmando que el Gobierno federal "no tiene por qué dar instrucciones u órdenes a los medios de comunicación nacionales, el intento de manipular a la prensa por parte de la Administración Biden debería hacer sonar las alarmas".
En un mismo registro, el editor Seth Mandel, activo en el Washington Examiner, señaló con ironía que el memo es en realidad algo bueno, ya que exhibirá a quienes siguen los dictados de la Casa Blanca.
Por su parte, el docente Irwing Rico, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le dijo a Sputnik que dada la baja popularidad de Biden a poco más de un año para las elecciones y los detalles "incómodos" que no cierran del todo en el caso de su hijo, era inevitable que la Casa Blanca quisiera salir a contener los daños.
En ese sentido, indicó que la carta es la "más clara evidencia de la desesperación" y "preocupación que tiene su equipo de que este escándalo afecte sus anémicos números de aprobación".
"Si bien esta estrategia resultó en muchas críticas de la prensa de EEUU, señalando que el Gobierno de Biden se estaba entrometiendo en el terreno de la libertad de expresión, también confirma que el caso se juzgará en la corte de la opinión pública, y por eso la Casa Blanca busca influenciarla", enfatizó el experto.
Rico también señaló que la investigación para una posible destitución de Biden se enmarca en la "judicialización" de la política que viene ocurriendo en EEUU, con los dos fallidos impeachments lanzados por los legisladores demócratas contra el entonces presidente Donald Trump durante su mandato y las múltiples causas en su contra actualmente en la justicia.
"Biden no es un presidente popular como lo fue Barack Obama, o ni siquiera como lo fue Donald Trump, entonces incluso el más pequeño de los escándalos puede afectar sus chances de reelección. Y si nos guiamos por lo que dicen las encuestas, el caso Hunter Biden, que exhibe un comportamiento más que cuestionable, realmente está afectando su imagen", finalizó.
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