El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró este viernes durante una reunión del Consejo de Seguridad que la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional (C-P-I) de La Haya demuestra que este tribunal "va camino de su autodestrucción".
"Esta instancia judicial parcial, politizada e incompetente ha vuelto a demostrar su inferioridad. La Corte Penal Internacional es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia por encargo", denunció el alto diplomático, al tiempo que reiteró que las decisiones del tribunal tienen nula validez para Moscú.
En esta línea, Nebenzia enfatizó que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma, documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, por lo que considera cualquier decisión que provenga del órgano judicial como "ilegal e insignificante".
Respecto a "la autodestrucción" de la Corte Penal Internacional y la falta de reconocimiento internacional, el representante ruso aludió a las declaraciones del exasesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, quien en 2018 dijo: "Permitiremos que la Corte Penal Internacional muera por sí sola. Al fin y al cabo, la Corte Penal Internacional está muerta en todos los sentidos".
La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por presuntos crímenes cometidos en Ucrania. El tribunal ubicado en La Haya menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso, que califica de crimen de guerra, y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
Junto con el presidente, el tribunal también dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La Corte Penal Internacional fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
"Esta instancia judicial parcial, politizada e incompetente ha vuelto a demostrar su inferioridad. La Corte Penal Internacional es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia por encargo", denunció el alto diplomático, al tiempo que reiteró que las decisiones del tribunal tienen nula validez para Moscú.
En esta línea, Nebenzia enfatizó que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma, documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, por lo que considera cualquier decisión que provenga del órgano judicial como "ilegal e insignificante".
Respecto a "la autodestrucción" de la Corte Penal Internacional y la falta de reconocimiento internacional, el representante ruso aludió a las declaraciones del exasesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, quien en 2018 dijo: "Permitiremos que la Corte Penal Internacional muera por sí sola. Al fin y al cabo, la Corte Penal Internacional está muerta en todos los sentidos".
La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por presuntos crímenes cometidos en Ucrania. El tribunal ubicado en La Haya menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso, que califica de crimen de guerra, y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
Junto con el presidente, el tribunal también dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La Corte Penal Internacional fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, Ucrania, EEUU, China, Israel, entre otros. Washington incluso adoptó una ley que autoriza el uso de "todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación" de un militar o funcionario detenido por solicitud de la Corte Penal Internacional.
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